Son muchas las definiciones que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el término 'político', aunque no siempre comedidas. La RAE se refiere entre sus muchas acepciones como la persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del estado o quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.
Aunque la definición más precisa cuando se habla de un político stricto sensu sería la de persona que cobra un sueldo por su dedicación política. Esto acotaría sobremanera el número de políticos como tal en España y Catalunya en general ya que el 80 por ciento de las figuras contabilizadas en territorio catalán son regidors o concejales en ayuntamientos que en algunos casos no cobran. De este montante de figuras políticas muchas ocupan dos puestos (se han restado los 53 miembros del Parlament que ocupan puestos en Consells Comarcals y Ayuntamientos) que solo cobran un sueldo público aunque tampoco se han contado los 13 consellers del Conselh Generau dera Val d'Aran ni el ente AMB.
Si las elecciones plebiscitarias catalanas siguen en pie el 27 de setiembre, 2015 será un año clave que removerá los cimientos de la política catalana dando continuidad o suplantando a los más de 11.000 políticos electos que tiene la comunidad. La primera prueba de fuego, y vital para descodifcar las intenciones de cada formación, serán las próximas municipales.
Las municipales decidirán más que Ayuntamientos
El próximo 24 de mayo los catalanes decidirán mucho más que los alcaldes y regidores que gobernarán su municipio. De su voto también saldrán, directa o indirectamente, quien ocupará los asientos de esos órganos de gobierno menos conocidos como los Conells Comarcals (41 actualmente pero 42 con la nueva comarca del Moianès) y las Diputaciones provinciales (4).
Los Consejos Comarcales son instituciones que sirven como estructura intermedia entre los ayuntamientos y la Generalitat, además de las diputaciones que dependen del Gobierno. La utilidad de estos consejos ha perdido peso con el paso de los años ya que fue ideado por Jordi Pujol en 1987 cuando aún teniendo mayoría absoluta en el Govern de la Generalitat, el poder municipal estaba en manos del PSC y tenía que tener un órgano de contrapoder. Aunque fue muy criticado por los socialistas, a medida que obtuvieron más poder comarcal se postularon a favor de mantener los 41 consejos comarcales que tienen un coste de más de 500 millones anuales y que alojan a 1.032 consellers comarcales (o miembros del consell), un 9 por ciento de los políticos contabilizados.
Si bien es cierto que estos consejos están formados por los propios concelajes, que una vez constituidos los gobiernos de los Ayuntamientos, son distribuidos por una Junta Electoral Provincial, esto no se ha restado al número total de políticos ante la dificultad de contabilizar dobles cargos entre regidores y miembros del Consell Comarcal, por lo que se ha decidido mantener el número de cada uno para saber cuántas figuras existen. Sí se han restado los miembros del Parlament que pertenecen a Consejos comarcales como Rosa Amorós (ERC), Lluís Guinó, Jordi Solé (CDC) o Marc Vidal (ICV).
Las diputaciones también tienen su órgano de gobierno propio en cada una de las cuatro provincias catalanas con la función teórica de dar apoyo a sus localidades. La elección de sus miembros también procede del voto indirecto de las elecciones municipales y se eligen los puestos tan solo diez días después de la convocatoria de elecciones a través de la Junta Electoral Provincial, que reparte en función de los resultados y del número de residentes de cada provincia. Hay 130 diputados provinciales (sin contar asesores) de los que 51 son de la provincia de Barcelona, 27 en Girona y otros tantos en Tarragona y finalmente Lleida con 25.
Las diputaciones tampoco son precisamente baratas, de hecho, la de Barcelona es la tercera institución pública más cara de Catalunya por detrás de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona con un presupuesto de 811 millones de euros. Incluso su presidente, Salvador Esteve (CiU) cobra más que un conseller de la Generalitat con un sueldo de 115.723 euros anuales, en términos generales 37.538 euros más que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Entre los miembros de la diputación también hay muchos alcaldes y regidores de pueblos que tampoco se han restado al número total de políticos. En términos de sueldo, un reportaje de El País demostró que muchos de estos diputados provinciales son alcaldes que entran en la Diputación y se quedan con el sueldo del ente estatal -más elevado que en su municipio- declarando dedicación absoluta con la buena prensa del ahorro de sueldo en su pueblo o ciudad.
De las urnas municipales también saldrán los 947 alcaldes y 9.132 concejales que gobernarán las villas, pueblos y ciudades de Catalunya. De este montante se han restado los 24 parlamentarios que también son alcaldes y los 25 que son concejales. El coste que tienen estos cargos políticos para el erario público es difícil de cuantificar, ya que cada municipio fija el gasto en sueldos públicos. Si se siguieran las directrices de la Associació Catalana de Municipis (ACM), los 947 alcaldes tendrían un coste aproximado de 27 millones de euros, pero no es un número real ya que muchos municipios se han reducido el sueldo como en muchos casos la CUP o la polémica subida de sueldo del alcalde socialista de Mollet del Vallés, Josep Monràs, de un 10 por ciento o el convergente de Sant Andreu de Llavaneres que se subió su sueldo un 32 por ciento y le rebajó a la oposición un 75 por ciento.
El Parlament y sus diputados
En este año electoral que se antoja como decisivo para el futuro político y social de Catalunya, están también en juego los 135 diputados del Parlament. (134 actualmente tras el cese del acta de Joan Ignasi Elena). La cámara catalana cuesta según un reportaje de El Triangle más de 11 millones de euros anuales. Según los sueldos oficiales de la Generalitat, la cámara catalana costaría más de 4 millones de euros anuales sin contar dietas y sueldos por participar en comisiones como la de Pujol.
El sueldo más elevado es el del President de la Generalitat, Artur Mas (144.030 euros),seguido del de los 12 consellers (casi 1,3 millones), el de la veintena de portavoces, miembros de la mesa y presidentes parlamentarios (prácticamente 1,5 millones) y el del resto de diputados (1,3 millones). Esta cantidad tampoco tiene en cuenta el coste de los 12 departamentos que tienen un coste de entre un milón y un millon y medio de euros cada uno y tiene entre 10 y 20 miembros.
A excepción del Departament de la Presidència que supone 5,5 millones de coste con nada más y nada menos que 76 miembros que cobran en su conjunto 3 millones de euros, entre las que se encuentra la delegada de la Generalitat en Berlín, Mar Ortega, que reconoció no saber alemán cuando accedió al cargo. Una factura política elevada que no entiende de recortes ni de recesión.
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