La guerra del agua que enfrenta a Acciona y Agbar por el control de la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) amenaza con alargarse. Aunque el pasado 29 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó un auto en la que requiere a la Generalitat que "en el plazo de tres meses" ejecute la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc) y, consecuentemente, retire la gestión de ATLL a Acciona, lo cierto es que esto no ocurrirá de forma inmediata.
La Generalitat, a través de su consejero Santi Vila, ya ha advertido que en este último auto, el tribunal no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión que es si la resolución del Oarcc es ajustada a derecho o no. Según Vila, ese pronunciamiento se producirá durante el mes de junio y, entonces, la administración catalana actuará en consecuencia.
Sin embargo, aunque el pronunciamiento se produzca el próximo mes, este puede ser recurrido, algo que con toda seguridad realizará la parte que sea perjudicada por la decisión, lo que supondrá un nuevo aplazamiento, muy probablemente más allá de las elecciones autonómicas previstas para el 27 de septiembre. Si esto es así, el Gobierno de Artur Mas conseguiría acabar la legislatura sin cerrar uno de lo temas más espinosos que tiene sobre la mesa y cuyo origen fue un mal funcionamiento de la administración catalana ante la necesidad de realizar la adjudicación para cuadrar el déficit de la Generalitat del año 2012.
En cualquier caso, fuentes de Acciona destacaron ayer que el auto del 29 de abril, pese a lo que pueda parecer, no presupone la retirada inmediata de la gestión de ATLL y que "lo que deja meridianamente claro es que la concesión en ningún caso puede pasar a manos de Agbar". El tribunal también reconoce el derecho de Acciona a ser indemnizada.
