La Fiscalía Anticorrupción solicito ayer el embargo de un total de quince inmuebles que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) depositó como aval ante su responsabilidad civil en el caso Palau.
Las fincas, como adelantó el Economista (locales en Amposta, Castelldefels, Figueres, Granollers, L'Hospitalet, Capellades, Lleida, Mataró, Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa, Sant Feliu y en el barrio de Gràcia de Barcelona) corresponde a la lista que el propio partido remitió al juez tras vender su sede central en Barcelona al grupo inversor Platinum de Hong Kong. El edificio, de 5.000 metros cuadrados, estaba valorado en 12,3 millones de euros.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled además, según publica El País, reclama a la formación nacionalista que incremente el aval para hacer frente a una presunta responsabilidad civil.
En concreto, según calcula, dichos inmuebles tan sólo estarían valorados en poco más de 3,2 millones de euros, mientras que se estima que el partido se lucró con 6,6 millones por supuestas comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública a través de los exresponsables del Palau de la Música.
