El culebrón por la disputa de la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) entre Acciona y Aigües de Barcelona (Agbar) sigue por su enésimo episodio y no tiene visos de acabar en los próximos meses.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) emitió ayer una resolución donde ponía hora y fecha para relegar a Acciona de la concesión de ATLL, por lo que en tres meses deberá dejar de ser la adjudicataria. Esta acción respondería al objetivo de que la Generalitat acate la orden que el propio órgano judicial emitió en enero de 2013 cuando excluyó a la empresa de Entrecanales del concurso.
El reloj ya está en marcha tras la notificación de la sentencia, que ni mucho menos es definitiva, ya que ambas partes aún pueden interponer recursos de reposición. El Tribunal ha pedido a la Generalitat que remita "información suficiente sobre la resolución adoptada y su ejecución".
El lío burocrático
El gérmen de esta historia interminable comenzó con la privatización de la pública ATLL en diciembre de 2012, que se encarga del suministro de agua en alta (desde fuentes de agua hasta depositos municipales) de Barcelona y otras comarcas del Área Metropolitana barcelonesa. La oferta de Acciona, aliada con un banco brasileño, diversos grupos inversores y fondos de inversión, superó a la que presentaba Agbar. El lío vino cuando Agbar acudió al Tribunal Superior para denunciar que Acciona no cumplía con los plazos de inversión en los términos que el contrato establecía.
De hecho, según la carta de adjudicación firmada por el entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, el consorcio ganador debía pagar 300 millones de euros a la Generalitat del total de 1.000 que se debían entregar en 50 años de duración del el contrato. Acciona siempre se ha defendido en que Agbar habría seguido los mismos términos.
Esto ha desembocado en una batalla legal entre la Generalitat, que se posiciona junto a Acciona; y Agbar, que sostiene que el contrato carece de vigencia ante los diferentes recursos que han emitido tanto del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) o los tres que el Tribunal Supremo rechazó a Acciona, la Generalitat y su socio brasileño para mantener el contrato.
La 'guerra del agua' se ha librado entre despachos y tribunales con un intercambio de misivas, querellas y acusaciones por ambos lados. La última reyerta fue la querella que Acciona interpuso a Agbar el pasado mes por injurias al insinuar impagos a la concesionaria. Agbar ha llegado a denunciar a Mas ante Bruselas por incumplir la sentencia sobre ATLL.
