En aquella España de los nuevos ricos donde la economía nacional jugaba en la Champions League, poco o nada se sabía de las excelencias y bondades del modelo nórdico de Estado del Bienestar. Nada hasta que la crisis golpeó nuestros servicios públicos a través de recortes presupuestarios, poco a partir de los estragos que estos comportaron en la calidad de los mismos.
Los escandinavos son los ciudadanos "más satisfechos con su vida" según datos publicados el pasado mes por la agencia estadistica europea Eurostat. En esta encuesta se pone de relieve que la salud es lo más importante para noruegos, finlandeses y suecos. Un punto en el que coinciden con catalanes en general, pues según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) el 87,7 de los catalanes asevera que les preocupa y afecta de lleno el funcionamiento de la sanidad pública. El alto nivel de satisfacción que tienen los países escandinavos en relación a sus servicios públicos es muy alto, un punto en el que no entrarían en consenso con sus conciudadanos catalanes, de los que casi un 40 por ciento no está de acuerdo en que la Generalitat de Catalunya preste servicios de calidad.
El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) también publicó recientemente que un 83 por ciento de los catalanes considera que la sanidad está igual o peor que hace un año y sólo dos de cada diez cree que mejorará. A pesar de la negatividad con la que se observan los próximos años, la nota que le ponen los catalanes a este servicio público está en torno a un seis, poco más de un aprobado según un estudio del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop).
Los otros servicios aprueban con una nota similar; la convivencia entre la gente del municipio es la que sale mejor parada con un 7,2 de media. Otro aspecto es la educación, valorada con una nota de 6,8; seguridad ciudadana tiene un 6,5; el transporte público un 6,3; servicio para las personas con dificultad aprueba con un 6 y como gran suspenso, debido a la grave tasa de desocupación, oportunidades de trabajo con un 3,7.
En referencia a la encuesta publicada por Eurostat donde se clasifica a los países por mayor grado de satisfacción, España es la decimoctava con una nota de un 6,9, al mismo nivel que la República Checa y por debajo de países como Francia (7), Alemania (7,3), Polonia (7,3), Rumania (7,2), Eslovaquia (7), Irlanda (7,4) o Reino Unido (7,3). En la cabeza, además de los países nórdicos con una media de 8, están otras naciones como Bélgica con un 7,6, Holanda (7,8), Austria (7,8) o Suiza(8). Que España esté en una posición tan baja en relación a países que deberían ser similares alarma si se compara con los resultados de esta misma encuesta hace siete años, cuando España era la séptima más satisfecha de Europa sólo por detrás de los países nórdicos, además de Suiza y Holanda.
La confianza interpersonal, es decir, si se puede confiar en la mayoría de la gente o se tiene que ser prudente con el trato a los demás, coloca a España en el decimosegundo puesto. Siempre por detrás de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y otros países como Holanda o Suiza, regiones que propugnan una percepción y filosofía de vida totalmente opuesta.
Catalunya, a por el anhelado modelo nórdico
La gran pregunta es si Catalunya podría implantar el anhelado modelo nórdico. Dejando de lado las abismales diferencias culturales entre la sociedad catalana o española y la nórdica, cabe resaltar varios puntos clave.
Uno de ellos es el demográfico, no es lo mismo gestionar un país con una densidad de población de 92 habitantes por kilómetro cuadrado como España o los 233 habitantes por kilómetro cuadrado de Catalunya, a los ejemplos de buena gestión en los países nórdicos donde dirigen naciones de entre 15 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado.
Otro punto importante es el grado de exigencia por parte de la sociedad catalana, acostumbrada al caciquismo y a la corrupción, normaliza de alguna forma los numerosos casos de corrupción política que surgen en el país y en muchos casos no se percibe como corruptelas hechos anodinos menores como evitar el IVA o saltarse una lista de espera por tener un conocido dentro de la administración. Esto no significa que la sociedad española no se sienta afectada por la corrupción, todo lo contrario, según el último Informe Anticorrupción de la Unión Europea españoles y griegos son los ciudadanos europeos que se sienten más afectados por las malas prácticas. Es cuestión de ética ciudadana, de tradición democrática, pues todos los países nórdicos están recogiendo los frutos de largos periodos de estabilidad política de gobiernos democráticos donde se han alternado partidos socialdemócratas y democristianos. Alternancias que se han sucedido después de periodos de varias legislaturas seguidas, lo que ha permitido ejecutar y asentar proyectos y políticas a largo plazo -ya que todos los Gobiernos han sido partidarios de intervenir con el Estado en la economía a través de la redistribución de rentas, protección de trabajadores y fomento de políticas públicas-. Este modelo dista mucho del español donde PP y PSOE se han alternado pero nunca con más de tres legislaturas seguidas y casi siempre barriendo el camino recorrido en puntos tan importantes como la educación.
En Catalunya sí ha habido un mismo partido al frente con más de 20 años de autogobierno de Convergència i Unió con Jordi Pujol, donde el gran acierto en lo social es el asentamiento del bilingüismo. Otros puntos diferenciales por los que a Catalunya o España les quedarían un largo camino -casi utópico- por recorrer es tener un horario mucho menos productivo donde se duerme menos y no permite conciliar la vida familiar y laboral.
Una sociedad menos homogénea, donde la igualdad de género no es un hecho consolidado y donde existe una brecha salarial entre hombres y mujeres galopante, no son los mejores ingredientes para alcanzar el ansiado modelo nórdico. El futuro no es halagüeño ni en Catalunya ni en España en lo social. Tras la etapa económica de mayor esplendor, se acerca un contexto difícil donde se requerirá el pago de las pensiones de la generación del babyboom de los años sesenta y setenta.
Esto, añadido a las bajas tasas de natalidad por las dificultades económicas hace que no haya un relevo generacional suficientemente fuerte para soportar esta urgencia social y fiscal mediante empleos de calidad bien remunerados.
Una situación que el modelo nórdico subsana mediante prestaciones sociales sustanciosas a progenitores por parte del Estado y que han elevado la tasa de natalidad a las más altas de Europa para tener ese relevo. Aquí se intentó con un cheque bebé que la crisis se llevó por delante.
Más impuestos, ¿mejores servicios?
La regla de tres por la que los países nórdicos son modelo en servicios públicos como educación o sanidad se suele atribuir a sus altas tasas impositivas. Son bien conocidos sus atributos: servicios públicos de gran calidad que se sustentan mediante una tasa de desocupación casi inexistente, un crecimiento económico estable y un sistema educativo excelente que lidera todos los rankings de resultados a nivel mundial. Lo cierto es que la base sobre la que se sustenta el Estado del Bienestar de los países escandinavos es su alta productividad, que aprovecha los excelentes resultados de sus alumnos para nutrir su sector público y privado de trabajadores preparados para los puestos que ocuparán.
Pero los resultados positivos en el aula o en los despachos no son cuestión de mejores profesores o más recursos solo por pagar más impuestos, producen más por potenciar otro modelo de vida radicalmente opuesto al del sur de Europa donde la conciliación entre familia y trabajo sí es condición sine qua non.
Las dos puntas de lanza del Estado de Bienestar nórdico son su intervención político-económica y una sociedad concienciada en que debe y tiene que tener una alta participación política. Estos hechos han formado sociedades muy exigentes consigos mismas y con las políticas públicas que lleva a cabo el Estado en su conjunto. La intervención del Estado se basa en la búsqueda de la equidad entre todos los estamentos de la población a través de la redistribución de impuestos. Un verdadero ascensor social que no se queda atascado en el entresuelo y que apuesta por la igualdad de oportunidades a través de un modelo de educación prácticamente público (98 por ciento de las escuelas finlandesas son públicas, lo que garantiza que todo el mundo, independientemente de sus recursos, tenga la misma educación), sanidad universal, empleo bien remunerado, acceso a la vivienda y políticas sociales para las capas sociales más desfavorecidas. Todos estos servicios tienen un coste elevado que se sufraga con cargas impositivas muy altas, impuestos que soportan mayoritariamente los trabajadores y consumidores, a diferencia de otros países como España o Alemania donde son las empresas las que tienen una mayor presión fiscal con la idea de que los empleados cuenten con más recursos para favorecer el consumo. La idea es justo la contraria en los países nórdicos.
Su filosofía es que cuanto más dinero tengan las empresas, más invertirán en empleo y mejor contribuirán al crecimiento nacional. El tener compañías fuertes garantiza una tasa de ocupación muy alta y pese a que la carga fiscal recae sobre los ciudadanos y estos disponen de menos renta para el consumo, los aspectos más básicos de índole social están cubiertos por el Estado.
Empleo público dentro de un modelo liberal
Otro pilar básico para el buen funcionamiento de los países nórdicos es la fuerte presencia de funcionarios, además de la buena imagen que tienen entre la sociedad. Si aquí la visión callejera del funcionario es la de un administrativo con horario de oficina que se limita a hacer poco o nada, en los países escandinavos se conciben como piezas claves e imprescindibles. Por ello, son plazas muy apreciadas y demandadas con la concepción de que sin profesores, médicos, policías, militares, investigadores y jueces el buen funcionamiento del Estado es inconcebible. De hecho, en este caso también lideran el ranking de más funcionarios por habitante por lo que en Suecia el 14,08 por ciento de la población trabaja para el Estado, en Finlandia un 12,65 por ciento y en Noruega un 20 por ciento según la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Europeo) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el otro extremo están Austria, Portugal, Italia, España y Alemania. En el caso español, un 6,62 por ciento de la población son empleados públicos.
La idoneidad del modelo queda a las conclusiones de cada uno, tiene pros y contras, pero en el modelo nórdico el tener más empleados trabajando para la Administración asegura un consumo más estable ya que hay gran parte de la población con un sueldo y un puesto vitalicio.
Aunque los países escandinavos se puedan calificar como muy intervencionistas, el control indirecto que el Gobierno ejerce sobre la economía privada a través de su actividad regulatoria hace que haya un mayor grado de libertad económica, sobre todo en lo referido a libertad empresarial, facilidad para abrir negocios y protección de derechos de propiedad privada.
El mercado laboral también está en un punto medio entre flexibilidad y seguridad para el trabajador. Mientras la contratación y despido de trabajadores es gratuita para la empresa, el Estado coge el relevo y se encarga de mantenerlos a través de un subsidio sustancioso para que no vean mermados su consumo y formarlos para reincorporarlos en el mercado laboral.
En España se ha intentado aplicar modelos similares a recomendación de la CE sin éxito alguno. Con la última reforma laboral se pasó de tener costes laborales altos con una protección elevada a reducir costes laborales pero sin que estos dejen de ser altos y casi exterminando la protección del trabajador y la formación para su reinserción.
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