El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha cumplido finalmente con su promesa electoral de consultar a los catalanes sobre su futuro político. El derecho a decidir fue la principal propuesta de Mas en su programa electoral de las elecciones que decidió avanzar dos años en 2012.
Estas últimas semanas, el Ejecutivo de Mas ha ido desvelando los últimos detalles de la consulta popular, que no ha sido como la que se desprendía de la ley de consultas catalanas que aprobaron los partidos preconsulta (CiU, ERC, ICV y CUP) en el Parlamento el 19 de septiembre.
Uno de los últimos datos en conocerse ha sido el dispositivo de seguridad, integrado por 6.992 agentes de los Mossos d?Esquadra. Un total de 2.236 Mossos en servicio ordinario y 4.756 como refuerzo que "estarán al servicio de los jueces, tribunales y la Fiscalía", tal y como explicó el consejero catalán de Interior, Ramón Espadaler.
Los agentes serán los responsables de garantizar la seguridad en los 1.317 locales de participación de 942 municipios catalanes, donde habrá 6.695 mesas de participación. Para llevar a cabo este proceso de participación ciudadana, la Generalitat cuenta con el apoyo de más de 40.000 voluntarios. Para celebrar esta cita, a la que están llamados a participar más de 5,4 millones de catalanes, el ejecutivo de Mas ha destinado una partida de más de 8,9 millones de euros, que entre otras acciones, se han destinado a la campaña institucional, al encargo de las más de 10.000 urnas y 6,7 millones de papeletas.
El proceso ha contado desde el primer momento con una fuerza movilizadora muy potente: la Asamblea Nacional Catalana, liderada por Carme Forcadell, y Òmnium Cultural, impulsoras de la campaña Ara és l?hora (Ahora es el momento), que ha requerido un presupuesto de entre tres y cuatro millones. Para la recta final, que empezó el miércoles 5 de noviembre con la Maratón 9N, que ha consistido en realizar llamadas a ciudadanos hasta el sábado para fomentar la participación, ambas organizaciones han destinado una partida de 750.000 euros, que incluye también el acto final de campaña del viernes, así como la distribución de 500.000 ejemplares de un diario de ocho páginas, en el que invitan a los ciudadanos a participar en la consulta.
Además de los locales de participación ubicados en Cataluña, la Generalitat cuenta con 19 locales de participación en 16 países: Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Japón, Bélgica, Australia, Canadá, México, Italia, Colombia, China, Brasil, Dinamarca y Chile. Los centros de promoción de negocios de Acció y las delegaciones de la Generalitat funcionan hoy como colegios electorales. Pero si alguien no puede acudir a las urnas este domingo, tiene un plazo de 15 días para votar para decidir su futuro político.
En la nueva consulta, que Mas expuso el 13 de octubre tras la suspensión cautelar dictada por el pleno del Tribunal Constitucional (TC), los que quieran votar tienen que inscribirse al momento antes de depositar la papeleta con la doble pregunta (¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y en caso afirmativo, ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?). A diferencia de la consulta planteada en un primer momento, no hay un censo previo y tal y como reconoció la semana pasada el presidente catalán, Artur Mas, los datos de la participación ciudadana se destruirán este lunes.