Artur Mas se está planteando muy seriamente ceder la organización y la responsabilidad final de la pseudoconsulta del 9-N al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, una plataforma que reúne a entidades civiles, ayuntamientos y partidos políticos independentistas que está presidida por Joan Rigol, ex presidente del Parlament de Cataluña y militante de Unió. Sin embargo, las convocatorias de las reuniones del Pacto y su portavoz es el propio Mas, que fue el impulsor original de la plataforma.
El president ha convocado una nueva reunión de este organismo para este viernes, cuando la organización de la votación por parte de la Generalitat ya esté totalmente realizada. En esa reunión, Mas podría traspasar la responsabilidad de la consulta al propio Rigol.
Ésta es la solución que está barajando CiU para evitar que la Fiscalía del Estado acabe actuando contra Mas por desobedecer una resolución del Tribunal Constitucional y que pueda acabar siendo inhabilitado. Sin embargo, ayer Mas se mostró en público firme en sus intención de seguir liderando el proceso consultivo, tal y como le exigieron por un lado los partidos ERC, ICV y la CUP y, por otro lado, las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural.
Otro de los problemas que ofrece la cesión de la organización al pacto es que Mas deberá renunciar a protagonizar la valoración institucional del resultado de la votación, algo que tiene previsto hacer ante la prensa internacional, que ya ha sido convocada a Barcelona este domingo.
De hecho, la Generalitat ya ha montado un centro de prensa en Fira de Barcelona para que los medios locales e internacionales puedan realizar un seguimiento detallado de la consulta, como si fuera una votación legal y reconocida.
Consulta definitiva
Si Mas acaba renunciando a protagonizar la consulta, tal y como le han sugerido miembros del PP y del PSC, la votación se convertiría en una movilización social con menor peso político. Por el contrario, Mas podría reabrir el lunes día 10 de noviembre el diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy con mayor facilidad. De hecho, ayer anunció que el lunes enviará una carta a Rajoy a través de la que le solicitará llegar una votación definitiva y acordada.
A pesar de que Mas defiende que el nuevo 9-N no es una consulta como la planteada inicialmente, ya que no hay censo y el registro que se cree se destruirá al día siguiente, sigue buscando amparo internacional. Más de un centenar de políticos catalanes firmaron una denuncia contra el Gobierno español por "vulnerar el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político", que trasladarán a organismos internacionales.
Los cargos electos de instituciones catalanas, españolas y europeas solicitan a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que actúen para garantizar que los catalanes puedan votar.
En la misma denuncia exponen que " Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano y, como tal, se reconoce a símismo el derecho a decidir su futuro político".