El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha anunciado que pedirán al Tribunal Constitucional que mantenga el decreto contra la pobreza energética con el objetivo de que las compañías comercializadoras de electricidad y gas no puedan dejar de suministrar a familias que no puedan pagar las facturas en invierno.
La Generalitat presentará alegaciones contra el recurso que presentó el Gobierno central. "No dejaremos de actuar, en el marco de nuestras posibilidades, para combatir la pobreza energética, y de forma más superlativa ahora teniendo en cuenta las fechas en las que entramos", explicó Homs. El ejecutivo catalán ha planteado al Ministerio de Hacienda ante esta situación de suspensión que aplique una exención del IVA en el consumo energético, que trasponga la directiva de la UE sobre esta cuestión.
El gobierno catalán lleva semanas trabajando con entidades sociales para crear un frente común con los ayuntamientos, que son los actuales financiadores del sistema. El decreto solo presenta un único inconveniente, aplaza durante unos meses el pago de las facturas, pero no evita los problemas de los hogares. Con la suspensión solo se llegaron a beneficiar de esta medida 895 familias.