La confesión del expresidente catalán Jordi Pujol sobre una herencia que su familia ha tenido en el extranjero durante más de 30 años sin regularizar ha provocado que se vuelva a hablar de la vinculación de los negocios de las empresas de su familia con el Gobierno catalán. Durante los mandatos de Pujol, que estuvo al frente de la Generalitat desde 1980 hasta el año 2003, fueron varias las formaciones políticas que plantearon el "favoritismo a familiares de ex president" e intentaron averiguar cuántos contratos habían obtenido las sociedades del entorno más cercano de Pujol con la Generalitat.
La querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra el expresidente catalán y su mujer Marta Ferrusola plantea que "existen indicios fundados de los negocios del Gobierno autonómico catalán con la familia directa de Jordi Pujol Soley". En concreto, cita la empresa Hidroplant, fundada por la mujer del exmandatario, Marta Ferrusola; la consultora ambiental Entorn Enginyeria i Serveis, en la que Pere Pujol Ferrusola fue gerente, y el despacho de arquitectura de Marta Pujol Ferrusola.
Además, la Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, señala en uno de sus informes cómo el primogénito del exlíder catalán, Jordi Pujol Ferrusola, cobró presuntamente comisiones millonarias por asesorar e intermediar en obras públicas dependientes de la Generalitat. Fue en febrero de 2005 cuando el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) denunció públicamente que CiU tenía "un problema, que se llama 3 por ciento", en referencia a la sospecha de que los gobiernos de Pujol habían estado cobrando comisiones por esa cantidad de cada obra o servicio que concedía a empresas privadas.
Casos de corrupción
Estas declaraciones, que se están reavivando, vienen de años atrás, cuando algunos partidos plantearon además que la administración catalana benefició a empresas del entorno familiar más cercano del exlíder Pujol. En 1999, el candidato de ICV, Rafael Ribó, hizo alusión a la empresa de la mujer de Pujol, Hidroplant, y preguntó si consideraba "normal" que pudiera aprovechar contrataciones de la Administración pública que él dirigía. Esta compañía de jardinería, en la que figuraron también sus hijos Jordi y Marta, cobraba unos 18.000 euros anuales sólo del departamento de Presidencia por encargarse del mantenimiento de las plantas de la secretaría de Juventud. Los contratos de esta sociedad vinculados con la Generalitat se liquidaron en 2004.
El ecosocialista Rafael Ribó y el socialista Pasqual Maragall señalaron en 1994 que "en Cataluña se silencian los casos de corrupción". Otra de las empresas que presuntamente mantuvo "relaciones peculiares" con el Gobierno catalán fue la consultora Europraxis, de la que fue consejero Josep Pujol Ferrusola, y fue adquirida en 2001 por Indra. Cuando su hermano Oriol Pujol fue secretario general de Industria de la Generalitat (2000-2003) le encargó varios informes. La Sindicatura de Cuentas presentó un informe sobre las contrataciones y gastos efectuados por las administraciones públicas con Europraxis Consulting Holding, Europraxis Consulting, Comopraxis e Indra durante los años 1996 y 2002, en cuyo periodo el importe de los contratos fue de 35,6 millones de euros. Esta cifra podría ser superior, ya que tal y como se recoge en el informe "la Sindicatura se ha dirigido para solicitar información referente al objeto de este trabajo a 2.064 entidades u organismos, de los que 1.117 no han respondido. De las 947 respuestas obtenidas, 36 han sido positivas, en el sentido de confirmar la existencia de contratos y gastos realizados, con un total de 246 expedientes que han sido objeto del trabajo de revisión".
En la querella presentada este mes ante la Audiencia Nacional por el partido liderado por Ada Colau, Guanyem Barcelona, y la formación Podemos, indican que "después de la compra de Europraxis -que se vendió a Indra en 2001 por 44 millones de euros-, Indra multiplicó sus contratos con la Generalitat". Con esta querella pretenden conocer si las más de 50 empresas en las que han estado involucrados la familia Pujol se vieron beneficiadas de contratación pública.
Por su parte, la oposición de izquierdas catalana (PSC, ERC, ICV) reclamó en 2002 una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a Europraxis y también preguntaron en varias ocasiones sobre las adjudicaciones a otra de las empresas de un hijo de Pujol, la consultora ambiental Entorn Enginyeria, de Pere Pujol Ferrusola. Esta empresa consiguió contratos de empresas públicas por valor de más de 190.000 euros entre el año 2000 y 2001, cuando elaboró varios informes técnicos.
Guanyem Barcelona y Podemos denuncian en su escrito que "algunas concesiones administrativas de parques eólicos fueron otorgadas de forma sospechosa a personas del entorno de CDC mediante informes de impacto ambiental elaborados por Entorn, de Pere Pujol".
