El director general y los ex directores generales adjuntos de Caixa Penedès, Ricard Pagès, Santiago José Abella, Manuel Troyano Molina y Joan Caellas Fernández, defendieron ayer ante la Audiencia Nacional que las jubilaciones millonarias que se otorgaron de forma presuntamente irregular "eran legales".
De hecho, incluso señalaron que si no hubieran suscrito las pólizas de seguro y los planes de pensiones por los que se les garantizaron ingresos de 31,6 millones de euros "se hubiera incurrido en una discriminación" respecto a los trabajadores comunes, aseguró Abella.
En su declaración, el ex director general, Ricard Pagès, defendió su derecho a cobrar 11,6 millones que tenía estipulados cuando se jubilara. "Nunca he intentado perjudicar a la caja y mi actuación siempre ha sido de total honestidad", aseguró ante la sala, después de señalar que la entidad era su vida y que le dedicaba todo su "esfuerzo, incluso los fines de semana".
Pagès, que se enfrenta a una petición de tres años y medio de prisión, explicó que las jubilaciones millonarias que se fijaron para él y los otros tres exdirectivos de la caja eran legales y contaban con el visto bueno de los órganos de dirección. Argumentó que sus contratos de dirección reflejaban unas condiciones determinadas, aprobadas por la comisión ejecutiva y revisadas en el consejo de administración. Esas condiciones quedaron plasmadas en los planes de pensiones y pólizas de seguros suscritas, y por lo que se les destinaba a partir de los 60 años una cifra superior a los 31 millones de euros.
"A partir de la aprobación de esos contratos estaba ya todo aprobado por los órganos de gobierno de la caja y siguiéndolos se fijan las dotaciones anuales de las pólizas de seguros", defendió.
El exdirector general, que asumió las funciones de presidente durante unos meses en el año 2011, antes de jubilarse, ha precisado además que tanto los contratos como las aportaciones realizadas anualmente a las aseguradoras eran auditadas anualmente por Deloitte y que el director de Recursos Humanos, el fallecido Jaume Jorbà, transmitía al Banco de España todos los datos.
Los otros tres directivos, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de un delito societario continuado de administración desleal, mantuvieron ayer una versión muy similar a la de su ex jefe y justificaron el cobro de sus pensiones.
