En este mundo caprichoso, nada es más caprichoso en democracia y con mayoría absoluta, en este caso del partido del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados, que transformar el sistema público de pensiones de la Seguridad Social en un sistema de ayudas sociales y asistenciales. El monopolio del legislador se ha limitado a topar las pensiones públicas para estructurar un enfoque de pagos sobre la marcha que reemplaza el principio del ahorro y del salario diferido por la práctica de las ayudas sociales.
Las bases máximas de cotización a la Seguridad Social (3.415,70 euros/mes) van a continuar incrementándose un 5 por ciento anual mientras que la pensión máxima (2.548,12 euros/mes) que paga será constante prácticamente durante muchos años. El programa de ayudas sociales y asistenciales es una transferencia de recursos de los jóvenes a los viejos.
Esta manera de actuar, se ha producido a lo largo de la historia: los jóvenes mantienen a sus padres o a otros parientes en su vejez. En los países pobres con tasas de mortalidad infantil altas, el deseo de asegurarse una descendencia que proporcione sostén a lo largo de la vejez constituye una de las razones más importantes de las elevadas tasas de natalidad y de las familias numerosas. Por el contrario, en España, según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), estamos próximos a la igualdad entre el número de nacimientos y de defunciones. La visión del Gobierno en materia de pensiones es puramente económica: los pensionistas contribuyen a sostener la demanda interna, a contribuir con los ingresos fiscales y a alimentar a sus descendientes.
La asociación reforzada por la repetición es el principal mecanismo de nuestro intelecto, con el cual vivimos y actuamos. No debemos actuar basándonos en la repetición o la costumbre, sino en las teorías más bien comprobadas que son las que se fundamentan en el principio de la razón suficiente y el principio de no contradicción. Fomentar y propulsar la eliminación de errores una y otra vez hasta alcanzar mejoras significativas. La demostración es, en todos los aspectos, la mejor posible. Por ello el modo correcto de pensar, en este caso, en materia de pensiones, es preguntándonos a qué problema nos enfrentamos, cuáles son los elementos del problema y qué posibilidades hay de encontrarles solución, para incrementar la comprensión de antiguos resultados y comprender las nuevas consecuencias.
Los actuales nuevos tiempos económicos son de ajuste obligatorio para el deudor, en este caso España, y voluntario para el acreedor. Los países que mantienen déficits están deflactando sus economías, mientras que los países con superávits, de momento, pueden atesorar estas hipotéticas ganancias. Conforme a su finalidad, existe en España un consenso para desvincular los incrementos salariales del Índice de Precios al Consumo (IPC). Por el contrario, el Gobierno no podrá tratar de ocultar o compensar las consecuencias indeseables de su propia política en materia de pensiones al trasladar a las empresas el problema económico de la jubilación de sus trabajadores con el actual marco disconforme en previsión social empresarial. Sin unos incentivos claros fiscales y de seguridad jurídica para la empresa y sus trabajadores, los planes privados de pensiones en España continuarán siendo insatisfactorios. Es absolutamente necesario que el Gobierno potencie las pensiones privadas para beneficiarnos de un sistema económico vivo, dinámico e innovador fundamentado en la movilidad y la transformación acorde a los nuevos tiempos.
Nunca llegaremos a conocer lo desconocido ya que, por definición, es desconocido, sin embargo, siempre podemos pensar cómo podría afectarnos y sobre este hecho deberíamos basar nuestras decisiones. La estimación del importe por pensiones contributivas de la Seguridad Social para el año 2014 es de 112.102 millones de euros y las cotizaciones sociales que son obligatorias e impersonales ascenderían a 102.839 millones de euros. Partiendo de los principios del Gobierno, de un enfoque de pagos sobre la marcha para alcanzar el equilibrio presupuestario de la Tesorería de la Seguridad Social, es razonable pensar que la pensión pública de jubilación será una ayuda de subsistencia.
Ad infinitum, como nos enseñó el matemático alemán Georg Cantor para ver el continuo, el ratio de ingresos del sistema público sobre el número de pensionistas determina aritméticamente la pensión pública en importe monetario (944,44 euros/mes), en el límite para el equilibrio financiero de la Tesorería de la Seguridad Social, tanto para el actual pensionista como para el trabajador que se jubilará dentro de 10, 15 o 20 años. En economía, sin crecimiento sólo se da un reparto solidario de la pobreza.
El fallo fundamental de las demostraciones de la imposibilidad, para que el sistema público de pensiones se fundamente en los principios del ahorro y del salario diferido, es que se atribuye a la Seguridad Social las funciones en exclusiva de solucionar las necesidades económicas a la jubilación. Mientras que en los actuales nuevos tiempos económicos, los ingresos necesarios para la fase posterior a la vida laboral constituyen una clase completamente nueva de agregados de patrimonio y renta, cuya naturaleza debería ser objeto de investigación por parte del legislador para garantizar su seguridad jurídica y favorecer las pensiones privadas.
