El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, calificó ayer de "propuesta absurda" el proyecto del Ministerio de Hacienda de que el Estado asuma tributos cedidos a las comunidades autónomas si superan, durante dos meses consecutivos, los treinta días establecidos por ley para pagar a los proveedores. Según denunció Homs, el Estado está ahogando económicamente a la Generalitat y cifró en 8.576 millones de euros la deuda acumulada del Gobierno español en estos momentos.
Según el portavoz, "quien te somete a este ahogo desde el punto de vista económico, que te venga y te diga y ahora usted pague a 30 días..., diría que no es serio". El también consejero de Presidencia de la Generalitat aseguró que si Cataluña pudiera gestionar los ingresos "nos comprometemos a pagar en 30 días".
La deuda de 8.576 millones es la suma de cuatro partidas. 5.227 corresponden a la deuda en inversiones en infraestructuras que se derivan de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que Cataluña debe recibir inversiones equivalentes el peso del PIB catalán dentro del Español (alrededor del 18 por ciento).
La segunda partida corresponde a la reducción de ingresos finalistas provenientes del Estado y, según la Generalitat, asciende a 712 millones. En tercer lugar, el Ejecutivo catalán cifra en 1.762 millones las medidas estatales que suponen un incremento de gasto para la Generalitat y que carecen de contrapartida presupuestaria. Finalmente, otros 873 millones corresponden a medidas aprobadas por el Gobierno central y que suponen una reducción de ingresos para Cataluña.
Homs denunció que en el sistema actual "ellos deciden en qué te tienes que gastar el dinero, ellos deciden cuánto dinero te envían, y si ahora ellos, encima, deciden con qué puntualidad tienes que pagar, cuando dependes absolutamente de ellos, es un poco absurdo todo esto. Creo que lo tendrían que revisar".
El consejero recordó que el Estado español "no es precisamente que sea muy puntual" a la hora de hacer determinados pagos y por eso cree que la Generalitat no será intervenida porque "no puede ser que nos planteen imponer por ley aquello que de hecho no es posible que se pueda producir".
Aumento de impuestos
Por otro lado, el Parlament aprobó ayer la subida del impuesto sobre transmisiones patrimoniales del actual 8 al 10 por ciento, que anunció la Generalitat hace dos semanas y que es fruto del pacto de estabilidad suscrito por CiU y ERC. Sólo el PP votó contra este incremento.
