La titular del juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona ha admitido a trámite la querella que presentó la semana pasada la Fiscalía de Delitos Económicos y ha citado como imputados a la empresaria y mecenas Liliana Godia, a su esposo Manuel Torreblanca y a su primo Francisco Javier A.B., acusados de catorce delitos contra la Hacienda Pública. Según la Fiscalía, el fraude acumulado asciende a 5,7 millones de euros.
En su querella, la Fiscalía sostiene que Liliana Godia se sirvió, entre 2007 y 2010, de sociedades vinculadas a ella, como BCN Godia SL, Doplette SL y Barcel Euro SL, para sufragar sus elevados gastos personales, superiores a los 1,5 millones de euros anuales, sin pagar los impuestos correspondientes por su renta y patrimonio, gracias a un "camuflaje contable y tributario". Según el texto, el "mecanismo defraudatorio" articulado por Godia, comportó que no sólo dejó de tributar vía IRPF por sus rendimientos mobiliarios en especie, sino que, además, sus sociedades BCN Godia, Doplette y Barcel Euro pudieron "adelgazar" su propia carga tributaria por el IVA.
Como ejemplo, la querella relata que, entre 2007 y 2011, BCN Godia, Barcel Euro y Doplette SL sufragaron gastos personales de Liliana Godia y su esposo, como el mantenimiento de sus viviendas, las retribuciones del chófer, el alquiler de aviones privados y de embarcaciones (como un yate con tripulación en Mallorca y un amarre en Ibiza), así como la compra de viajes, joyas, ropa y flores y los servicios de un entrenador personal, entre otros.
Liliana Godia es hija y heredera de la fortuna que dejó el empresario y piloto de Fórmula 1 Francisco Godia. Actualmente es una de las mecenas e inversoras más influyentes de la sociedad barcelonesa. Es presidenta de la Fundación Francisco Godia, que expone en Barcelona 1.500 piezas en una de las colecciones de arte más importantes de fondos privados de España.
El día después de hacerse pública la querella, Liliana Godia y su marido emitieron un comunicado en el que negaron haber cometido delito alguno, consideraron "infundada" la acusación de la Fiscalía y reprocharon a Hacienda que no les hubiera informado.
