Cataluña

El Ayuntamiento de Barcelona destina 100 millones a construir 1.000 viviendas de alquiler social

Los 100 millones se obtendrán con la constitución de una sociedad mixta que gestionará los 26 aparcamientos de titularidad pública que hay en el centro de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona destinará 100 millones de euros a impulsar la construcción de 1.000 nuevas viviendas entre este año y el próximo. Todos ellos estarán destinados a alquiler y a precios por debajo de los del mercado, con un máximo de 400 euros mensuales.

En la que ha calificado la rueda de prensa más importante que ha hecho en su mandato, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presentado un plan para impulsar el Parque Público de Viviendas de Alquiler de la ciudad, que considera como un punto de inflexión en la política de vivienda el ayuntamiento. Para Xavier Trias este cambio permitirá que ninguna familia deba destinar más del 30% de sus ingresos para poder acceder al alquiler de vivienda pública en Barcelona.

El alcalde de Barcelona ha explicado que en una primera fase se incorporarán al parque público de viviendas de alquiler de Barcelona, que actualmente es de 10.228 pisos, mil nuevas viviendas, lo que supone un incremento del 10%, la mitad de las cuales estarán disponibles antes de que acabe 2014.

Los 100 millones se obtendrán con la constitución de una sociedad mixta que gestionará los 26 aparcamientos de titularidad pública que hay en el centro de Barcelona (actualmente quince son gestionados directamente por la empresa pública B:SM y otros once por empresas privadas). La nueva empresa mixta de gestión tendrá una concesión por 25 años, que se adjudicará mediante concurso. El instituto municipal B:SM tendrá un 40% de su capital y las empresas privadas el 60% restante.

Este sistema de financiación ya ha sido criticado por la oposición, que argumenta que la solvencia del ayuntamiento permite no vincular estas dos operaciones.

Según el alcalde, el 50% de estos pisos se destinarán a alquiler social para ancianos y personas en situación de emergencia, como desahuciados o víctimas de violencia machista. Estos colectivos pagarán una mensualidad proporcional a sus ingresos y que nunca superará el 30% de los ingresos familiares. La otra mitad de las viviendas será para familias y jóvenes, con precios que oscilarán entre los 200 y los 400 euros mensuales.

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