Tras conocer el interés de la empresa Minera del Río Alagón, filial española de la multinacional australiana Berkeley Resources Limited, por hacer prospecciones en el territorio del Anoia (Barcelona) y Solsonès (Lleida) para buscar uranio, ahora es el turno de los nueve municipios afectados, que deben pronunciarse al respecto.
La Generalitat ha abierto un período para que los ayuntamientos afectados - Castellfollit de Riubregós, Pujalt, Veciana, Sant Martí Segueioles, Els Prats de Rei, Calaf, Calonge de Segarra, Sant Pere de Sallavinera y la Molsosa- puedan valorar y presentar alegaciones al proyecto. Antes de emitir una valoración, la Generalitat ha pedido a la empresa que ha solicitado la autorización más información sobre el programa.
Una vez recibidos estos datos por parte de la empresa y de los municipios, la dirección general de Energía, Minas y Seguridad Industrial (del departamento de Empresa y Ocupación) y la dirección general de Calidad Ambiental (del departamento de Territorio y Sostenibilidad) se posicionarán y decidirán si otorgan el permiso de prospección y la autorización ambiental necesarias para iniciar esta actividad.
Posicionamiento municipal
Según fuentes del departamento de Territorio y Sostenibilidad, se buscará el consenso y no se llevará a cabo ninguna actuación que vaya en contra de los intereses del territorio. De momento, el consejo comarcal del Solsonès ha aprobado una moción contra las prospecciones de uranio que pretende llevar a cabo Minera del Río Alagón y pide a la Generalitat que deniegue la petición, que afectaría al municipio de Molsona (Solsonès).
Por su parte, el consejo comarcal de l'Anoia de momento no se ha pronunciado al respecto. El único municipio de esta comarca que ha presentado una moción contra de las prospecciones ha sido Calaf, que ha mostrado su rechazo.
