El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, que investiga el desfalco del Palau de la Música, Josep Maria Pijuan, ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por CDC y confirma la fianza de 3,2 millones de euros, al considerar al partido responsable civil a título lucrativo ante los indicios de que recibió "entregas opacas de dinero" de su expresidente y saqueador confeso, Fèlix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull.
En un auto del 18 de marzo, el juez desestima el recurso de CDC porque considera que pudo obtener dinero de manera ilícita procedente de dos posibles vías: o bien directamente del Palau de la Música, lo que supondría una apropiación indebida, o bien de Ferrovial a través de la institución a cambio de la adjudicación de obra pública, lo que supone tráfico de influencias.
El juez ve indicios del desvío de dinero de las cuentas de la Associació Orfeó Català y de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana a CDC mediante "entregas opacas de dinero en efectivo (2.314.495,21 euros) en el periodo 2002-2008 y mediante facturación mendaz durante los años 2007, 2008 y 2009 por las sociedades New Letter y Letter Graphic (982.583,80 euros)", y de que recibió dinero de Ferrovial bajo el encubrimiento de donaciones.
CDC ya abonó en julio de 2012 la fianza de casi 3,3 millones presentando como aval la escritura de uno de los dos edificios de la sede nacional que tienen en Barcelona, en la calle Còrsega con Pau Claris.
En su auto, el juez justifica que la responsabilidad civil del partido se fundamenta en el "beneficio económico que habría obtenido, que prudencialmente se ha fijado en dicho auto en 3,3 millones, procedente de entregas sospechosas de dinero" a los extesoreros de CDC Carles Torrent (570.961,63 euros) y Daniel Osàcar (1.743.533,58 euros) y por fondos recibidos de la facturación falsa de las compañías dedicadas a impresión gráfica.
También ve indicios de que CDC recibió de Ferrovial Agroman "bajo el encubrimiento de donaciones por el concepto de patrocinio que la empresa hizo a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, sumas de dinero que no obedecían a la liberalidad del donante sino al pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora", un pago de comisiones que tuvo como intermediarios a Millet y Montull entre la sociedad y personas afines a CDC, concretamente los dos extesoreros.
El juez admite que "no existen indicios de que las adjudicaciones de obra pública a Ferrovial Agroman se hubieran hecho contraviniendo la ley y que, por tanto, fueran adjudicaciones irregulares", y puntualiza que por ello no se imputan delitos de prevaricación ni falsedad documental, aunque sí podría haber un delito de tráfico de influencias que habría favorecido tales adjudicaciones. "INDICIOS SÓLIDOS Y PLURALES"
El juez contesta al recurso de CDC --que alegaba inexistencia de indicios para fundamentar la decisión judicial--, asegurando que la participación lucrativa de CDC "no se trata de puras conjeturas, como se dice en el escrito de recurso, sino de razonables sospechas que vienen fundadas en indicios sólidos y plurales".
A continuación, el juez enumera como indicios el "trasiego de dinero en efectivo" del Palau con innumerables reintegros mediante cheques al portador en efectivo en ventanilla de hasta 300.000 euros, y la tenencia de una caja de seguridad a nombre de Millet y su secretaria Elisabeth Barberà.
Los "frecuentes contactos" de los imputados Millet y Montull con Carles Torrent y también con Osàcar, según la manifestación de los testigos y las anotaciones en agendas personales de Millet, y anotaciones de cantidades de dinero vinculadas con el nombre de los extesoreros.
También constan indicios de que pagos efectuados a Osàcar en 2008 "se instrumentalizan a través de facturas mendaces de las sociedades New Letter y Letter Graphic", y que con estas empresas se desvió dinero del Palau a CDC por valor de 982.583,80 euros con facturas que no se correspondían a servicios prestados reales o que en lugar de ser para el Palau eran para CDC.
