El ejecutivo de Artur Mas acordó ayer la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, un organismo con el que la Generalitat quiere conocer de primera mano la opinión de expertos juristas y técnicos sobre el proceso soberanista. Este órgano estará formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario y entre seis y 12 vocales, cuyos nombres todavía no se han anunciado.
Sus funciones pasan por estudiar las alternativas jurídicas para llevar a cabo el proceso soberanista, la creación de estructuras de Estado para Cataluña y asesorar a la Generalitat sobre la difusión internacional del proceso.
En paralelo a este consejo asesor, ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, anunció una oferta a los partidos para crear en el Parlament un "pacto catalán por el derecho a decidir". Un mecanismo con el que el gobierno catalán intenta sumar al PSC al proceso soberanista. Según Homs la propuesta de la Generalitat "es para ir a trabajar" de forma que se haga posible la consulta sobre la autodeterminación de acuerdo con los principios que estableció la declaración de soberanía aprobada en el Parlament.
Requerimiento por el déficit
Por otro lado, la Generalitat considera que el Ejecutivo central incumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria al exigir a las autonomías un déficit del 0,7 por ciento para 2013, por lo que no descarta llevar al Gobierno a los tribunales si éste no atiende el requerimiento de Cataluña y flexibiliza el objetivo de déficit.
Según Homs, el Ejecutivo catalán presentará un requerimiento al Estado al considerar que incumple la citada norma presupuestaria y que, si aplicara "correctamente" la normativa, el objetivo de déficit que correspondería a las autonomías para 2013 sería del -1,7 por ciento del PIB y no del -0,7 por ciento vigente. Este diferencial de un punto permitiría a la Generalitat evitar la aplicación de recortes por valor de 2.000 millones de euros.
Según argumenta el Gobierno catalán, el déficit presupuestario de las Administraciones Públicas tiene un componente estructural y un componente cíclico, que depende de la situación de la economía, y la Ley orgánica 2/2012 estipula que las Administraciones Públicas alcanzarán la estabilidad presupuestaria cuando no incurran en déficit estructural. En su Disposición Transitoria Primera, dicha ley fija el año 2020 como límite para que todas las administraciones estén en situación de equilibrio o superávit estructural.
Sin embargo, según señala la Generalitat, los objetivos fijados para las comunidades implican que las autonomías tienen que lograr un superávit estructural en el año 2014, seis años antes del horizonte establecido de 2020, y también antes de que lo haga la Administración central. Además, agrega el Govern, el Ejecutivo de Mariano Rajoy incumple la obligación de repartir los objetivos de déficit estructural a 1 de enero de 2012, ya que los objetivos fijados otorgan a las autonomías una fracción decreciente del déficit estructural cada año.
Homs reconoció que la Generalitat no confía en que el Estado atienda sus reivindicaciones, por lo que el próximo paso sería acudir a los tribunales.
