Las industrias cárnicas catalanas, a través de la Federación Catalana de Industrias de la Carne (Fecic), han conseguido que el Juzgado del Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en relación a las tasas veterinarias de la Generalitat.
Este texto, ratificado por el Parlamento catalán, aprobaba la ley de Tasas y Precios Públicos del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, que imponía la tributación, entre otras, por la expedición de certificados para las empresas exportadoras catalanas del sector cárnico.
Los litigios contra esta norma tributaria, que afectaba básicamente a los exportadores, se remontan al año 2009 y, a día de hoy, se han interpuesto más de 500 recursos, tanto por vía administrativa como judicial, que suponen ya una cifra superior a los 650.000 euros. En este largo proceso se han visto afectadas 34 empresas cárnicas.
El secretario general de Fecic, Josep Collado, comenta que "normalmente las Administraciones ayudan a los exportadores, menos aquí, que les imponen tributos por exportar". Collado añade que "es impresentable que en lugar de dar facilidades a los que todavía están contribuyendo al mantenimento del empleo y de la actividad económica, les pongan trabas como estos impuestos, que no existen ni en España ni en la UE".
