La Generalitat de Cataluña ha aprobado una nueva tasa a las bebidas azucaradas, castigando así a compañías multinacionales como Coca-Cola, Pepsi o Schweppes, pero también a empresas locales como el fabricante de gaseosas Sanmy, propiedad de la familia Puértolas.
Según han confirmado a la revista digital elEconomista Alimentación fuentes de toda solvencia, la industria catalana logró, en cambio, paralizar un impuesto a las grasas saturadas, lo que hubiera afectado a la cuenta de resultados de compañías como Nutrexpa, Panrico o Tarradellas. Todo empezó cuando en el marco de la negociación del acuerdo de apoyo parlamentario que mantuvieron CiU y ERC para garantizar la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, los republicanos plantearon una lista de nuevos impuestos con el objetivo de incrementar los ingresos de la Administración catalana y limitar al máximo los recortes en políticas sociales que se prevén para este año 2013.
De nueva creación
Dentro de esa lista de impuestos de nueva creación, los republicanos propusieron nuevas figuras para el apartado de salud alimenticia. Según ha explicado a esta revista el portavoz económico de ERC en el Parlament, Pere Aragonés, "analizamos la legislación fiscal sobre alimentación de diversos países y propusimos a CiU los impuestos que consideramos más adecuados". Para hacerlo, el partido tomó como referencia a Dinamarca, un país donde la legislación en este sentido es de las más desarrolladas del mundo.
Una vez hecho ese análisis, ERC llevó a la mesa de negociación dos impuestos relacionados con la salud alimenticia: uno sobre las bebidas azucaradas (refrescos) y otro sobre los refrescos y los alimentos ricos en grasas saturadas. En ambos casos existen estudios médicos que aseguran que un menor consumo de estos dos alimentos produce beneficiosos cambios en la dieta de los ciudadanos y mejora su salud. Sin embargo, el acuerdo entre CiU y ERC se limitó finalmente a gravar los refrescos y dejó de lado el impuesto sobre las grasas saturadas. "Es cierto que nosotros llevamos ese impuesto a la mesa de negociación, pero CiU lo rechazó y la discusión no duró más de medio minuto, ya que incluso en Dinamarca, un año después de su entrada en vigor, esta figura fue eliminada por su difícil aplicación y por los efectos que tiene sobre los productores", explica Aragonés.
El responsable de ERC reconoce que una medida de este tipo "afecta a las empresas agroalimentarias catalanas" y tiene fuertes consecuencias sobre "los productores más artesanales y las denominaciones de origen que son precisamente a los que no queremos perjudicar".
El impuesto, de haberse aprobado y aplicado, habría afectado a productores de galletas, productos lácteos y cárnicos. Aragonés asegura que "atendimos los intereses de los pequeños productores" y descarta haber recibido presiones de la gran industria agroalimentaria catalana. Independientemente de que haya o no existido esa presión, lo cierto es que las grandes empresas se han salvado de la quema impositiva, mientras que los fabricantes de las bebidas azucaradas tendrán que hacer frente a una tasa que hasta ahora nunca se había aplicado antes en España. Una tasa que además quiso aplicar en Francia el socialista François Hollande cuando estaba en la oposición y que, tras ganar las elecciones presidenciales que le llevaron al Palacio del Eliseo, dejó a un lado.
Con el nuevo gravamen a las bebidas azucaradas -que llega después de que Cobega, la embotelladora de Coca-Cola en Cataluña, haya aceptado fusionarse con sus homólogas de otras comunidades autónomas y fijar la sede social y fiscal en Madrid- la Generalitat calcula ingresar hasta 22 millones de euros.
A ese importe, la Generalitat sumará el que consiga recaudar gracias a la aplicación durante el presente ejercicio de otras figuras impositivas. Entre los nuevos impuestos del Gobierno de Artur Mas figuran la recuperación del de sucesiones para las rentas más altas, la reforma del de patrimonio y las transmisiones patrimoniales. Además, para pactar la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat, CiU y ERC han acordado establecer gravámenes sobre los depósitos bancarios y la emisión de gases contaminantes. Las grandes superficies comerciales implantadas en Cataluña tampoco se salvan, ya que verán incrementados sus impuestos, así como los camiones que circulen por las carreteras de la Comunidad Autónoma que tendrán que pagar la euroviñeta.
En resumen, el Govern prevé recaudar hasta mil millones de euros con un aumento de la presión fiscal. Eso, de momento. A su desafío recaudatorio se une el del ahorro. Para poder reducir el déficit de Cataluña hasta el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a finales del año que viene, el Gobierno catalán está obligado a recortar a lo largo de 2013 un total de 4.000 millones de euros.
