Uno de cada tres perceptores de la Renta Mínima de inserción se ha quedado sin el subsidio de 400 euros mensuales tras el proceso de revisión de que se hizo del 1 de agosto al 14 de diciembre de 2011. Este proceso acabó con la suspensión de pago de 7.127 expedientes de los 20.969 analizados según un informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
El defensor del pueblo catalán ha recibido más de 1.300 quejas sobre este ámbito, especialmente de personas en riesgo de exclusión social a las que se les suspendió como medida cautelar la RMI y aún no la han vuelto a cobrar pese a que la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalitat haya reconocido que finalmente deben ser beneficiaros. Al detectar un desplazamiento del beneficiario fuera del territorio catalán, el Govern suspendió cautelarmente el pago de la ayuda para restaurarla después en caso de demostrarse que el motivo estaba justificado, aunque muchas de las personas a las que se les ha reconocido un error en la suspensión aún no han vuelto a cobrar.
Ribó ha manifestado en una entrevista que "el Pirmi no es un ejemplo de recorte, sino un caso evidente de mala gestión", y el 8 de junio trasladó al consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, una carta con las conclusiones del informe de su actuación de oficio.
Según datos aportados por la Consejería a Ribó, para seleccionar los expedientes a revisar --que fueron el 66 por ciento de los vigentes a 31 de julio de 2011-- se tuvo en cuenta un criterio de antigüedad, de manera que se investigaron los casos que habían empezado a percibir la prestación antes de enero de 2011 y en los cuales el principal problema era de tipo social.
"Durante meses las personas se han encontrado que no recibían la prestación pero desconocían los motivos, y por tanto no podrían plantear una reclamación", añade el informe y subraya que los beneficiarios no han podido afrontar necesidades básicas. Además, lamenta que la participación de los servicios sociales en este proceso haya sido "insuficiente" y recuerda que hubiera sido conveniente contrastar con los profesionales del sector las circunstancias concretas de cada caso para evitar lesiones de derechos de personas con especial vulnerabilidad.
"Pese a que los profesionales de los servicios sociales comunicaron posibles situaciones de pobreza extrema, no se han atendido de manera rápida, y meses después aún no se había retomado el pago", revela el informe, que también recuerda que en algunos casos esta revisión ha agravado los procesos de exclusión social. El defensor del pueblo catalán exige medidas a la Generalitat para que todos los beneficiarios que cumplen los requisitos cobren este subsidio.
