Quisiera comentar el caso Carlos Divar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, el tercer poder en un país democrático. Nuestra sociedad, nuestros altos funcionarios y nuestros políticos todavía no han asimilado las reglas de la democracia moderna y pervive en su mente la actitud prepotente de su cargo y las prebendas que tal cargo conllevaba en tiempos pretéritos.
Altos cargos y políticos, habituados al halago, a los edificios oficiales suntuosos, a la pleitesía de aquellos que les rodean, adquieren una actitud ante la vida que les permite tomar decisiones sobre cualquier cosa, utilizar los medios que consideran necesarios y disponer del dinero público por derecho propio. Creen que la sociedad les debe algo y este algo se lo pueden cobrar de cualquier modo. Su altanería, incluso mostrada en forma de humildad, es tal que cualquier crítica la consideran injusta y partidista, formulada por enemigos anónimos. Su soberbia, mostrada como menosprecio a las instituciones democráticas y a la ciudadanía en general, les hace rechazar cualquier manifestación que contradiga sus decisiones u opiniones y se consideran seres superiores, ya que han superado una serie de pruebas funcionariales o partidistas por las que adquieren potestades especiales.
Por otra parte, evidenciamos la utilización partidista de nuestras instituciones cuando observamos atónitos que ni el PP ni el PSOE piden la dimisión de Divar porque no se ponen de acuerdo en nombrar un sucesor y porque ya les va bien este señor para sus mangoneos políticos. En cualquier otro país de nuestro entorno Divar haría semanas que habría sido obligado a dimitir por la mala utilización del dinero público. Aquí se mantiene porque no les interesa su recambio hoy a los partidos mayoritarios.
Nuestro país es una democracia primaria, dominada por dos partidos políticos nacionales y dos autonómicos y el ciudadano es un simple comparsa que observa decepcionado como se le torean los políticos profesionales y los altos cargos institucionales. Observamos con temor que las decisiones de gobierno y oposición se toman en función de unos intereses que desde luego no son los de las personas que habitamos este país. Se toman en función de aquello que les interesa a ellos. Vemos a los partidos que aparentan estar a la greña, pero cuando deberían reformar las instituciones, se ponen de acuerdo para bloquear cualquier cambio que signifique un peligro para conservar su poder.
Nuestros políticos y altos funcionarios deben cambiar de actitud frente a la sociedad y no considerarse objeto de derechos sino sujetos con grandes obligaciones.
Divar debe dimitir pero los grandes partidos deben modernizar nuestra democracia ya que si persisten en su actitud inmobilista será la sociedad quien les obligue a cambiar.
