La diferencia entre plazos de pago y cobro crea necesidades de financiación de 153 millones
La Federación Catalana de Instaladores (Ferca), que agrupa a 5.000 empresas dedicadas a la instalación de agua, gas y electricidad, entre otras, ha constatado un impago por parte de empresas y administraciones de 262 millones de euros por trabajos ejecutados, pero no cobrados.
Así lo expone el informe 'Situación y propuestas del sector de los instaladores' presentado este lunes por Ferca y la patronal catalana Pimec, del que se extrae que los equipamientos públicos, la industria y la vivienda libre representan los tres ámbitos con mayor morosidad.
Asimismo, la diferencia entre los plazos de pago y cobro crea necesidades de financiación de 153 millones, ya que un 55% de las empresas cobra fuera del plazo máximo establecido por la Ley de Lucha contra la Morosidad.
La norma estipula que los plazos máximos de pago son 75 días para el sector privado y 40 para el público, aunque la media de cobro por parte de los instaladores se sitúa en 76 días.
Desde la federación y Pimec se propone cumplir los plazos exactos, condicionar el pago de las administraciones a los contratistas de obra pública a que liquiden sus deudas con proveedores --como los instaladores-- y prohibir que los promotores inmobiliarios certifiquen el final de la obra sin acreditar el pago íntegro de las instalaciones, entre otras medidas.
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