Cataluña

La Generalitat de Cataluña, primera CCAA con rating ESG, de A2 según Vigeo Eiris

  • Forma parte de los planes del Govern de volver a los mercados para financiarse
  • Su nota es ahora la séptima mejor entre 29 administraciones regionales y locales europeas
  • Una buena calificación permite llegar a más inversores y rebajar el coste de la deuda
Pere Aragonès. Foto: Luis Moreno

La Generalitat de Catalunya se ha convertido en la primera comunidad autónoma española en tener rating ESG, que evalúa criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, concretamente con una calificación de A2 (la segunda mejor posible sobre una escala de 12 niveles) según la agencia especializada Vigeo Eiris, recientemente adquirida por el grupo Moody's.

Con una nota de 55 sobre 100, es la séptima mejor nota entre el total de 29 entidades regionales y locales europeas que cuentan con calificación ESG, y es complementaria a las calificaciones de crédito tradicionales, que la Generalitat mantiene con Fitch, DBRS y Moody's. De los seis ámbitos de valoración, el más bajo es el de gobernanza, con 50 puntos, debido a los sobresaltos políticos por el procés.

El director de Política Financiera de la Generalitat, Josep Maria Sánchez, ha indicado que la solicitud de este rating, de actualización anual, responde a la estrategia del Govern de volver a financiarse en los mercados esta legislatura, y a "mostrar un compromiso de cumplir con los criterios ESG", relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Una buena calificación ESG, al igual que las de crédito, permite conseguir mejores condiciones de financiación, tanto en créditos como en emisiones de deuda, así como atraer a inversores que buscan activos socialmente responsables.

Con todo, Sánchez ha reconocido que la Generalitat todavía no puede dar el paso de buscar financiación en los mercados, dado que incumplió el objetivo de déficit en 2019 –último año con límite, ya que con la pandemia los objetivos se convirtieron en mera referencia-.

La Generalitat cerró dicho año con un déficit de 1.329 millones de euros, equivalente al 0,56% de su PIB, lo que supone cinco veces más que el objetivo fijado para las autonomías, que era del 0,1 % para ese año.

Cataluña incumplió el techo de déficit después de un 2018 en que había logrado por primera vez en un mismo ejercicio cumplir con los tres objetivos de estabilidad presupuestaria que fija la ley: déficit (0,44%), deuda (34%) y regla del gasto (1,6%).

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