Con asombro, el ciudadano español contempla la incapacidad del Gobierno para controlar el incremento espectacular del precio de la energía eléctrica, un bien imprescindible, elemental y básico en el mundo en el que vivimos. Sin electricidad no existe justicia social ni desarrollo técnico, y su precio en España es uno de los más caros de Europa, siendo España un país de cola en cuanto a su renta per cápita.
El gobierno español, después de pensárselo durante mucho tiempo, ha tomado una serie de medidas con el fin de controlar su precio, medidas que comportan una bajada de impuestos que gravaban su consumo y eran de los más elevados de Europa junto a Dinamarca, acompañadas de una disminución de las compensaciones a las compañías eléctricas por su transformación a métodos menos contaminantes.
Dicho esto, hay muchos factores que influyen en la situación actual y en las opciones de futuro. Desde tiempos lejanos la producción eléctrica ha sido codiciada por grupos económicos potentes que han ido de la mano de los gobiernos imperantes en cada época. Durante la república y Dictadura de Primo de Ribera, La Canadiense, auspiciada por Cambó y Maura, fue de hecho un monopolio que finalizó en manos de Juan March, míster monopolio y séptima fortuna del mundo en su época, con la ayuda de Franco para compensarle los favores recibidos.
Los Gobiernos y los grandes capitales eran conscientes de que debían entenderse en el tema eléctrico, ya que una mala gestión o bien una rebeldía del ciudadano conllevaba, en los primeros, el desprestigio y quizás el perder el poder, y en los segundos, el dejar de obtener enormes beneficios y quizás todo el capital invertido.
Hoy en España, gobernando la izquierda, se inicia un debate sobre quién debe ser el tenedor de la fuente de energía imprescindible para todos los españoles: si debe dejarse en manos del gran capital esta gestión, amparados en las doctrinas capitalistas del libre mercado, o bien debe ser el Estado quien la gestione y provea, por tratarse de un bien público.
Otro tema es el hecho de que muchos países, entre ellos España, dependen de un modo intenso de terceros países a los que adquieren energía para la producción de electricidad. Nosotros dependemos de Argelia, país políticamente inestable y jurídicamente poco fiable, del que importamos gas.
Debemos añadir que se están implantando nuevas fuentes de energía que a medio plazo modificarán la producción y el mercado. La producción doméstica y la energía solar transformarán el sector si nuestros gobiernos, el central y los autonómicos, los apoyan.
Con ello quisiera indicar que la electricidad es un bien cuasi público y que nadie tiene derecho a empobrecer a la población a base de hacer pagar precios innecesarios por la factura de la luz. Como siempre, se trata de buscar equilibrios entre todas las partes implicadas y, si una de ellas pretende más de lo que se considera justo, aplicar soluciones alternativas para eliminar a quien no desea transigir.
Otro asunto que me preocupa y asombra, es la noticia que ha aparecido en los medios sobre la intención de una compañía privada que pretende nada menos que extender a lo largo de 180 kilómetros, desde el Berguedà hasta el Garraf, una línea de transporte eléctrico mediante la implantación de torres metálicas de gran tamaño.
Este sistema arcaico se está eliminando en los países avanzados, sustituido por conducciones subterráneas -mucho más costosas económicamente, eso sí-, ya que de todos es sabido que bajo las torres eléctricas, los cultivos padecen y la vegetación padece; los animales, inteligentes e instintivos, siempre que pueden se alejan de ellas; muchos incendios se originan en dichas torres y su cableado, y el habitar cerca de ellas no resulta saludable.
Conocidos tantos perjuicios, solamente podría entenderse como una broma de mal gusto que una empresa irresponsable pretendiera llevar a término tal desaguisado. Veremos qué opinan nuestros políticos sobre ello.
