Inhabilitado el president de la Generalitat, Quim Torra, y asumiendo en forma interina sus funciones el vicepresidente, Pere Aragonès, ante una paralización administrativa y política del Govern de coalición, se convocaron elecciones para el día 14 de febrero. La ciudadanía recibió con buenos ojos el anuncio y constató que podría ser la oportunidad de esclarecer el confuso panorama político catalán, pero ahora todo está en el aire.
Llevamos muchos años, con independencia del pensamiento político de cada uno de los ciudadanos que votan en Cataluña, de zozobra, inquietud, inmovilismo administrativo, desorientación y carencia de visión de futuro, de saber hacia dónde nos dirigimos y de proveernos de políticos que dediquen más tiempo a pensar en resolver los problemas de nuestra sociedad que en consolidar su poder y permanencia.
El presidente inhabilitado, al asumir el cargo expresó su voluntad de convocar elecciones en el plazo de un año. Ya han trascurrido más de tres años desde que expresó aquel deseo pero al fin, se convocaron las elecciones.
Sin embargo, pocas semanas más tarde, mediante decreto cuestionable jurídicamente, se aplazan las elecciones sin señalarse nueva fecha -la indicada del 30 de mayo podrá modificarse si las circunstancias no son las idóneas-.
El ciudadano, que desea acudir a las urnas, observa incrédulo que, en base al argumento de preservar los posibles contagios, se suspende la convocatoria. Nuestros ciudadanos, avezados en el quehacer de los políticos y con mucha experiencia en examinar la doble lectura de cualquier acto político, intuyen intereses partidistas en este aplazamiento.
Se han celebrado varias elecciones en diferentes países mediando el Covid. Mediando los sistemas telemáticos y manteniendo comportamientos prudentes, el contagio no es excusa para suspender un acto electoral tan importante.
Si analizamos esta cuestión vemos que, por una parte, la suspensión electoral elimina la posibilidad de contagios y ello es positivo, pero por otra, imposibilita el derecho de expresar su voluntad política a los ciudadanos y alarga sine die la paralización de nuestro Parlament y de nuestro Govern, con el consiguiente perjuicio para nuestro país, nuestra sociedad y nuestra economía.
Otra vez en los tribunales
La decisión del aplazamiento electoral no ha sido unánime, ha sido cuestionada por diversas fuerzas políticas y se han presentado diversos recursos contra esta decisión.
Otra vez se está acudiendo a los denostados tribunales a fin de que decidan sobre esta cuestión. Los mismos tribunales criticados hasta la saciedad por quienes surgen derrotados en sus resoluciones. Hoy, de nuevo, se acude a ellos porque se considera que nuestros políticos actúan de forma arbitraria.
Tenemos la oportunidad de superar poco a poco el tiempo de zozobra en el que hemos vivido estos últimos años y debemos aprovecharlo y acelerar al máximo los tiempos muertos y transformarlos en períodos de actividad, de clarificación y de proyectar el futuro de cada uno de nosotros.
Por ello me inclino por mantener la fecha electoral del 14 de febrero y dejarnos de aplazamientos interesados o no, que solamente consiguen prolongar los tiempos inestables que vivimos.
