Cataluña

La Autoridad de la Competencia en Cataluña cree que la administración ha abusado de la "emergencia" para comprar suministros

  • Advierte de que el uso no justificado de este procedimiento genera discriminación entre operadores económicos y sobrecostes
Material sanitario procedente de China, a su llegada al aeropuerto de Barajas. NACHO MARTÍN
Barcelona

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha alertado a las administraciones catalanas de que han recurrido en exceso al procedimiento de "emergencia" para realizar las compras de suministros durante la crisis sanitaria.

En un dictamen difundido este martes, la Acco ha puesto de manifiesto sus recelos por la generalización por parte de las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, del uso del procedimiento de emergencia "sin suscitar de manera suficiente la concurrencia y la transparencia conlleva graves riesgos para la competencia y el interés general". En este sentido, y teniendo en cuenta de que la crisis sanitaria parece haber entrado en fase de control, la autoridad de la competencia insta a todas las administraciones a derogar la norma que facilitaba el uso del "proceso de emergencia" para garantizar los suministros sanitarios y de otra índole pero vinculados a los efectos del coronavirus, y recuerda que existe un procedimiento de "urgencia" que ya facilita los trámites.

Así, recomienda a todas las administraciones emplear el procedimiento de contratación de emergencia únicamente cuando sea imprescindible y "potenciar al máximo" la publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los responsables de la Acco manifiestan que se han detectado contratos por parte de todas las administraciones públicas que "por su objeto y alcance se encuentran lejos de ser considerados como suministros de bienes o servicios que deban ser provistos de manera extremadamente urgente" para afrontar consecuencias vinculadas a la emergencia sanitaria.

Ha advertido de que los riesgos que conlleva el uso generalizado del procedimiento de emergencia son, entre otros, la falta de justificación y trazabilidad de las decisiones públicas, la discriminación entre operadores económicos, el sobrecoste en términos económicos y de calidad y la falta de transparencia y publicidad.

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