El recorrido judicial del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 no acabará con la sentencia del Tribunal Supremo a los 12 líderes soberanistas que participaron en su impulso y no huyeron de la Justicia española. De hecho, será la primera de una larga lista de sentencias vinculadas al procés en decenas de juzgados, desde primera instancia hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Audiencia Nacional.
El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ha proporcionado el grueso de la documentación para el juicio del Supremo, todavía tiene abierta la investigación de la logística del 1-O, con decenas de ex altos cargos de la administración catalana -no aforados- y de empresas públicas implicados. De hecho, en marzo, la titular del juzgado, Alejandra Gil, prorrogó la instrucción hasta 18 meses más debido a la "complejidad de la causa", y sigue ordenando diligencias para recabar información. Investiga delitos como los de malversación y desobediencia.
La investigación de ex altos cargos del Govern aforados está en manos del TSJC. El 19 de noviembre ha citado como investigado al diputado de ERC en el Parlament y exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó por su presunta vinculación con el 1-O y la creación de la Hacienda catalana. Maria Eugenia Alegret, la magistrada que instruye la causa contra el exnúmero dos de la Conselleria de Economía Josep Maria Jové, se ha declarado competente y ha ampliado su investigación a Salvadó, tras recibir exposición razonada por parte del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Le atribuye la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos, revelación de secreto y desobediencia grave.
Salvadó dirigía proyectos como la creación de un banco central de Cataluña y de una Hacienda catalana
En un auto de principios de octubre consultado por Europa Press, Alegret ve indicios que relacionan a Salvadó con la "hoja de ruta" para alcanzar la independencia por la vía unilateral a través del 1-O, que fue suspendido y declarado inconstitucional. Relata que Salvadó, que era subordinado de Jové, trabajó al menos desde principios de 2016 "en forma intensa en el diseño de las llamadas estructuras de Estado", y que dirigía proyectos como la financiación de un nuevo estado, la creación de un banco central de Cataluña, la supervisión del sistema financiero y la creación de una Hacienda propia catalana.
Sobre Jové, se sospecha su posible participación en el "comité ejecutivo" del entramado supuestamente creado por el Govern y otros actores desde 2015, y en la organización del 1-O, así como en el presunto uso ilícito del fichero de datos personales de la población de Cataluña con el que contaba el Idescat.
A los miembros de la Mesa del Parlament en octubre de 2017 se les acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación
También el TSJC juzgará a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la etapa de Carme Forcadell y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes del procés. Será del 19 al 22 de noviembre, y los ex miembros de la Mesa son Lluís Corominas (PDeCat), Lluís Guinó (PDeCat), Anna Simó (ERC), Ramon Barrufet (PDeCat) y Joan Josep Nuet (EUiA).
Los seis políticos acusados de desobediencia serán juzgados por una sala integrada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, -que, de acuerdo con la ley, preside todos los juicios de la sala civil y penal-, así como el civilista Jordi Seguí y Carlos Ramos, uno de los jueces designados a propuesta del Parlament y que será ponente de la sentencia, según Efe.
Tras la declaración de independencia del 27 de septiembre de 2017, los ex miembros de la Mesa declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Tribunal Constitucional. Por su parte, la exdiputada de la CUP Mireia Boya fue imputada por el Supremo por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el sí a la independencia ganara en el 1-O. Finalmente, el Supremo desgajó sus casos de los de la causa principal del procés y los remitió al TSJC.
La Audiencia Nacional también se encarga del 1-O, y ha fijado para el 20 de enero el inicio del juicio a la cúpula de los Mossos d'Esquadra en el momento del referéndum. Están citados el mayor cesado Josep Lluís Trapero y la intendenta Teresa Laplana, junto al exdirector general de la policía catalana Pere Soler y el exsecretario general de la Conselleria Cèsar Puig.
Cargas policiales
El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga las cargas policiales del 1-O, con una cincuentena de agentes implicados, y el Ayuntamiento de la ciudad solicitó a principios de este mes de octubre citar como investigados a 28 mandos intermedios de la Policía Nacional por las cargas durante la jornada del 1-O en 27 centros escolares.
Si se suman las causas de otros juzgados de otras poblaciones catalanes, la cifra de policías nacionales y guardias civiles investigados actualmente -se han archivado muchas denuncias por la imposibilidad de identificar a los agentes- asciende a más de 120, según un recuento realizado por Catalunya Ràdio y TV3.
Nueve heridos el 1-O presentaron una querella por un delito de lesa humanidad
El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona solicitó hace unos días un listado con los miembros de la Brigada Provincial de Información y de la Policía Judicial de la Policía Nacional que actuaron en el operativo contra el 1-O, "indicando los jefes de estas dos unidades", además de la identificación de los agentes, su grupo, categoría, función y centro de votación en el que actuaron, informó Ep.
Asimismo, nueve heridos el 1-O han presentado ante la Audiencia Nacional una querella por un presunto delito de lesa humanidad contra los que consideran máximos responsables del dispositivo, entre los que figura el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, y el coronel Diego Pérez de los Cobos.
