Valladolid
La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha aseverado este jueves que no consentirá que se vincule el caso de la empresa del marido de Silvia Clemente con cuestiones políticas o que se ponga en "entredicho" el trabajo de los técnicos de la citada consejería.
Marcos ha añadido que tampoco permitirá que se dude del trabajo de Instituto Tecnológico Agrario de CyL ni que se acuse de "filtraciones y actuaciones políticas interesadas" al Gobierno regional, informa Europa Press.
Así lo ha manifestado Marcos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre el fallo del TSJCyL que da la razón a la Junta que rechazó conceder una ayuda de 598.000 euros a la empresa del marido de Clemente.
Al respecto, la portavoz y también consejera de Agricultura y Ganadería ha explicado que leyendo el auto del TSJCyL se determina que la actuación de los técnicos y la Junta "fue desde el minuto cero" la que tenía que ser para la "gestión responsable de los fondos públicos y los expedientes públicos".
Así, ha recordado que esta actuación se inició en los juzgados en febrero de 2017 cuando se denegó la ayuda a la empresa del marido de la expresidenta de las Cortes, exconsejera de Agricultura y Ganadería y actual candidata de Cs a las Primarias para la Junta, Silvia Clemente.
"No consiento que esto se una y asocie con cuestiones políticas, cada quien que participe y esté en el partido que quiera, ni que le vaya bien", ha asegurado Marcos, quien ha precisado que no va a "consentir" que se ponga en entredicho la actuación de los técnicos de la Junta ni de la Consejería.
"Y que se ponga en entredicho la actuación de la Consejería respecto a los medios de comunicación, tampoco. Porque estamos viendo informaciones en las que se acusa directamente de filtraciones y actuaciones políticas interesadas. Ni lo uno ni lo otro", ha enfatizado Milagros Marcos.
No hubo filtraciones
Al respecto, la portavoz de la Junta cree que es "bastante evidente" que no hubo ni actuaciones políticas ni filtraciones cuando las intervención administrativa comenzó en 2017 y se denegó la ayuda, para añadir que la actuación vía penal del caso de 'Patatas Meléndez' se inició en marzo de 2018. "Ni esta consejera ni los técnicos sabían el devenir de ningún político o política, ni si se iban a mantener en un partido o se iban a querer ir a otro donde conseguir más", ha añadido.
Asimismo, Milagros Marcos ha recordado que fue la Junta "la primera que adoptó las medidas legales" cuando el TSJCyL le requirió documentación y se comprobó que el expediente correspondiente a la concesión de una ayuda al empresario Javier Meléndez, y que fue denegada después de que los técnicos considerarán que no cumplía los requisitos, había desaparecido, por lo que se puso en conocimiento de la Fiscalía.
En este sentido, la portavoz de la Junta ha explicado que los técnicos y jurídicos argumentaron en su denegación de la ayuda que el contenido del desarrollo del proyecto "no coincidía" con lo que se había aprobado, que la documentación no tenía la firma de los investigadores, ni los registros del papel oficial "como debe tener", además de que se apreció que había información de 2015 y 2016 en un documento firmado en 2012.
"Dudas sobre la autenticidad"
Asimismo, ha insistido en que el propio fallo del TSJCyL dice "textualmente" que existen "dudas razonables sobre la autenticidad del informe final del proyecto" presentado por 'Patatas Meléndez,', por lo que para la portavoz del Gobierno regional "no hace falta que la Junta añada absolutamente nada más" al respecto.
No obstante, a preguntas de los periodistas, ha aseverado que la empresa tiene que presentar un contrato del servicio que incluya información técnica y un cuadro financiero, además de que tiene que aportar un documento final en el que determina qué es lo que se ha hecho, pero ni el contrato ni el informe final "están donde deberían", lo que llevó al Gobierno regional a acudir a la Fiscalía.
Además, ha explicado que fue el entonces jefe del área de Innovación y Optimización del ITACyL, Manuel Ariza, quien firmó en 2012 el expediente, en lugar de estar firmado por todo el equipo investigador, además de que fue él mismo quien dio orden de eliminar en 2013 el expediente, como consta en la sentencia del Contencioso Administrativo de Valladolid.
Sobre si conoce la existencia de un informe de la Policía Judicial en el que se pide que se archiven las causas, Milagros Marcos ha negado conocer un informe de la Policía Judicial en el que se pide que se archiven las causas. Ha recordado que la Policía Judicial se personó para ver si se había producido una "destrucción masiva" de archivos informáticos en el Itacyl, algo que no se ha producido, según la consejera, aunque desconoce que si está trabajando con la Fiscalía y el Juzgado.
Una vez que el TSJCyL ha desestimado el recurso que el empresario vallisoletano presentó contra la denegación de la ayuda, el caso se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid ya que el Alto Tribunal ha apreciado una posible manipulación de los documentos aportados en el expediente estudiado.
