Valladolid
La Real Federación Española de Caza (RFEC) asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "se ha extralimitado de sus competencias" al anular el decreto que regula la caza y apunta a un "muy probable prevaricación de la Sala".
La organización ha anunciado que trabaja ya para tomar las decisiones pertinentes y se puso a disposición de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el apoyo de la Federación de Caza de Castilla y León, para resolver "con la máxima premura" la suspensión cautelar de la caza.
Aunque la Federación acata la decisión judicial, muestra su "total desacuerdo con la misma" y destacar el voto particular del magistrado Felipe Fresneda Plaza, que considera que el Tribunal Supremo exige un régimen más riguroso para la aplicación de medidas cautelares de leyes. al requerirse una apariencia de buen derecho en la pretensión del recurrente que, a juicio del magistrado, no queda suficientemente justificada.
La RFEC tampoco comparte que la conservación de la fauna silvestre sea el interés más necesitado de protección, e insiste en la necesidad de justificar el perjuicio concreto y real de la aplicación de la norma.
Tras la revisión del auto por los Servicios Jurídicos y Técnicos, la RFEC hizo varias puntualizaciones. Principalmente, que los servicios jurídicos de la misma están estudiando en este momento la viabilidad de poder seguir o no cazando con normalidad.
Independientemente de ello, apuntaron que la caza es una actividad reconocida en la Constitución al atribuir las competencias sobre ésta a las comunidades autónomas; que todos los estatutos de Autonomía la recogen como una actividad de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por ello, opinó que el auto "deja sin efecto la Constitución y el Estatuto de Autonomía". Para ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "no tiene absolutamente ninguna competencia". A su juicio, el TSJCyL, con su auto, "ha derogado, también de hecho, la Ley de Caza de Castilla y León, para lo cual tampoco tiene la más mínima competencia". De hecho, el mismo tribunal reconoce en su auto que "no se puede plantear impugnar la Ley de Caza como pretenden los animalistas".
Asimismo considera que el auto es "ilegal" y la Federación añadió que "no se puede suspender el derecho de caza por la única razón de que lo pida una asociación privada".
Indefensión
Igualmente, apuntaron que este auto deja en situación de "indefensión" a los cazadores, a la Federación de Caza de Castilla y León, a los titulares de los cotos, etc., "pues se ha dictado este auto suspendiendo la caza, de la que resultan gravemente afectados, sin ser oídos en el procedimiento". "El Tribunal no valora los incalculables daños que se causará, por la suspensión, a las especies protegidas, a las de caza, a la flora, a los municipios y a los particulares que ya tienen el derecho a cazar y a acotar reconocido legalmente", asegura en un comunicado.
De hecho, la RFEC va más allá y considera "muy probable" que el TSJCyL "haya prevaricado al dictar su auto, pues parece evidente que es una resolución manifiestamente injusta. Debiera estudiarse, además de los recursos que procedan, la presentación de una querella por prevaricación. Conviene estudiar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional", sostuvo.
También, denunciaron que "en ningún lugar del ordenamiento jurídico vigente se dice nada acerca de que haya que aportar estudios científicos que garanticen la viabilidad de las especies de caza" y lo achacan a "una interpretación gratuita de las leyes por parte del TSJCyL". Así, remarca el hecho de que la caza de las especies cinegéticas es viable "se demuestra, sin necesidad de estudios, con el hecho de que se vienen cazando desde que está reglada la caza y sus poblaciones están claramente en expansión".
Por su parte, el presidente de la FCCyL, Santiago Iturmendi, informó que la Federación ""lleva advirtiendo desde hace más de dos años sobre la situación de indefensión que se tenía frente a este proceso judicial" y exige a la Administración regional que "de manera inmediata" resuelva un problema que afecta a cientos de miles de personas.
Por su parte, el presidente de la RFEC, Ángel López Maraver, indicó que la decisión del TSJCyL "atenta contra la economía rural e implica un desastre ecológico de inimaginables proporciones", añadiendo que junto a la FCCyL ya "trabaja para revertir de forma urgente la situación generada por este auto".
