Valladolid
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado esta mañana el decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga al ejercicio 2019 de los Presupuestos Generales.
El texto dispone la prolongación de los créditos iniciales de 2018 en todos los capítulos, con carácter general, y específicamente los asociados a todo acuerdo, plan o compromiso realizados por la Junta con anterioridad al 31 de diciembre de este año, incluidos los del Diálogo Social o la rebaja de las tasas universitarias, así como los que resulten imprescindibles para atender los servicios públicos. Con ello, además de facilitar la gestión administrativa, se pretende garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad, informa el Ejecutivo regional.
La prórroga se produce como consecuencia de que no se conocen "parámetros clave" como son los objetivos de déficit y deuda pública asignados a Castilla y León, que no han superado todavía ninguno de los trámites preceptivos, como son que Congreso y Senado aprueben los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Estas circunstancias han impedido a la Junta elaborar y aprobar un anteproyecto presupuestario antes del primer día del ejercicio económico 2019. Por lo tanto, y de acuerdo con lo establecido tanto en el Estatuto de Autonomía como el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, es necesario prorrogar las cuentas que están en vigor.
Para facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la Administración autonómica, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana un decreto que, en términos generales, recoge la prórroga de los créditos iniciales aprobados para 2018, salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse.
Esto implica que, mientras se mantenga la prórroga, la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal (capítulo 1); los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales (capítulo 2), y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad (capítulos 3 y 9).
En cuanto al resto de los gastos, el decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos –4 ó de transferencias corrientes, 6 ó de inversiones reales, 7 ó de transferencias de capital y 8 ó de activos financieros– cuyos créditos se prorrogan, dando continuidad a las medidas que se venían realizando en 2018.
Ello supone, y así lo concreta el decreto, que la Junta seguirá ejecutando partidas correspondientes a cualquier prestación que viniera realizando de forma sistemática a lo largo del ejercicio 2018, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.
Añade también que, a estos efectos, se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.
A diferencia de lo que ocurriera en el Decreto 46/2016, de 29 de diciembre, por el que se regularon las condiciones de la Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016, no se establecen limitaciones a la hora de imputar los gastos durante la prórroga, lo que conferirá más agilidad a la gestión administrativa del día a día.
No obstante, la regulación recuerda que la disponibilidad de los créditos prorrogados se encuentra supeditada al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, pudiendo la Junta de Castilla y León, con el fin de garantizar el cumplimiento de dicho objetivo, declarar la no disponibilidad de parte de los créditos prorrogados.
Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad, y a la 31, Política Agraria Común (PAC).
