Valladolid
Junta, Gobierno, sindicatos y miembros del Comité de Empresa han comenzado hoy en Bruselas dos días de reuniones con representantes comunitarios con el objetivo de "europeizar" el cierre de la planta de Vestas en León.
"Vestas no es de fiar y está dejando en la calle a cerca de 2.000 familias por una mala práctica que responde únicamente a su propio beneficio" ha asegurado la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras pedir al Comité Económico y Social Europeo que "proteja a Europa de malas prácticas y deslocalizaciones" llevadas a cabo por empresas como Vestas.
Del Olmo ha encabezado una delegación de Castilla y León, a la que se han sumado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, representantes de UGT y CCOO y miembros del comité de empresa de los trabajadores de Vestas.
Pilar del Olmo ha indicado que en su viaje a Bruselas pretende "visibilizar la decisión de una empresa que no es de fiar como es Vestas y que deja en la calle a mas de 500 familias de empleo directo y 1.500 indirectos", para que así se "europeice" el conflicto y la Unión Europea se pueda asegurar de que "la empresa mantiene las instalaciones de Villadangos del Páramos para que en ellas se establezca una nueva iniciativa industrial".
"Vestas predica sobre energías verdes y ser una empresa responsable" cuando la realidad es bien distinta, ya que tal y como criticó la consejera "no ha tenido ninguna responsabilidad social con Castilla y León, ha disfrutado de ayudas europeas y ahora quiere deslocalizar la producción fuera de la Unión Europea".
Del Olmo ha trasladado a la vicepresidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Isabel Caño, la necesidad de que Europa se proteja de "estas malas practicas de empresas que producen fuera con costes más baratos y sin respetar costes, sin normativa ambiental o de trabajadores, y que luego se pretenden introducir con un coste más barato".
Asimismo, ha insistido en que desde la Junta de Castilla y León se pretende que Vestas revierta la situación "en una zona como es León con unos problemas serios de desindustrialización y un problema de despoblación" y no abandonen en Villadangos del Páramo "unas instalaciones que se construyeron con fondos europeos, para que haya una iniciativa industrial que quiera establecerse en ellas", algo para lo que es "imprescindible el apoyo de la Unión Europea".
Del Olmo ha valorado que el CESE se haya comprometido "a hacerle llegar a las instituciones europeas que tiene que haber un cambio de la normativa" para proteger a Europa de las "malas prácticas" de las empresas.
"Queremos la reformulación, el retraso y la retirada del expediente de regulación propuesto por la empresa Vestas en el que se conceda un plazo de seis meses", ha afirmado por su parte el secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, quien consideró esta propuesta como "única vía para poder dejar margen para encontrar una nueva solución industrial" porque "es imposible encontrar un nuevo inversor en un mes", informa Servimedia.
Andrés ha recordado que en estos momentos se están produciendo dos espacios de negociación. El primero de ellos se produce con los propios trabajadores y el comité de empresa, dentro del periodo de un mes que establece por ley el expediente del despido colectivo.
Por otro lado, está abierta una mesa por la reindustrialización en la que está implicado el Ministerio de Industrial, el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León y los sindicatos, en la que "se trata de buscar una solución industrial a la posible marcha de Vestas mediante la búsqueda de nuevos inversores".
El secretario general de CCOO quiso dejar claro que "no habrá solución de una mesa sin la otra", porque "tiene que haber acuerdos en los dos frentes", para lo que insistió en la petición de que "el expediente de regulación se reformule, se retrase, se retire y se abra un periodo de seis meses para poder dejar margen a una solución".
Al respecto, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha recordado que las reuniones al más alto nivel se están realizando "a cuatro partes, con la Fundación Anclaje, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y la propia empresa".
En ese ámbito y sentados en la misma mesa, Barcones aseguró que se seguirá trabajando para que "la resolución sea satisfactoria" porque "se trata de una prioridad", para lo que el Gobierno "está al frente y al más alto nivel con la implicación de los Ministerios" para abordar "cuestiones fundamentales como el apoyo al empleo, a los trabajadores y al comité de empresa, así como a la unidad productiva".
