La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha exigido hoy en Bruselas más financiación para afrontar el coste de la reestructuración de la industria del carbón y garantizar una transición justa y equilibrada a los municipios mineros de Castilla y León.
Esta posición ha sido defendida en el Parlamento Europeo, en presencia del vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Energía, Maroš Šef?ovi?, en el transcurso del "Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación e Inversiones" de la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición. La máxima representante del Gobierno autonómico en este foro ha incidido en las especiales dificultades que tienen las cuencas carboníferas de la Comunidad para afrontar su reconversión socioeconómica. Por ello, ha insistido en la necesidad de introducir factores de discriminación positiva que amplíen las posibilidades de concesión de incentivos en estas zonas y fondos estructurales específicos que aseguren que ningún territorio se queda atrás en este proceso.
La segunda jornada de trabajo de la llamada Coal Regions in Transition Platform –la iniciativa impulsada por el órgano ejecutivo comunitario para avanzar con equidad hacia un nuevo modelo energético– ha abordado en su sesión vespertina la política de incentivos y las perspectivas de futuro que se abren en las regiones europeas donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico.
El debate ha sido moderado por el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, y en él han tomado la palabra representantes de dos de las cuatro autonomías españolas que se han adherido a la plataforma –Castilla y León y Asturias–; responsables de asociaciones vinculadas a este sector –como IndustriAll Europe, Euracoal y Eurelectric–; de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la UE, y de instituciones financieras como el Banco Mundial o el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo.
Durante su intervención, Pilar del Olmo ha trazado una radiografía de los 83 municipios de la Comunidad donde tradicionalmente se ha concentrado la actividad extractiva, que se ubican en las provincias de León y Palencia, ocupan 8.700 kilómetros cuadrados de extensión y agrupan a más de 110.000 habitantes, alrededor del 4,5 % de la población de Castilla y León.
Enclavados en zonas rurales y de difícil orografía, presentan una baja densidad demográfica –12 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 26 de la media autonómica– y una elevada dispersión –44 de los 83 municipios tienen menos de 500 vecinos–. Asimismo, en la última década han perdido el 11 % de su población –cuando en la Comunidad esa disminución ha sido del 1,5 %– como consecuencia del envejecimiento y, fundamentalmente, de un saldo migratorio negativo.
De 2.000 trabajadores a 400
Este declive en las cuencas se deriva de un brusco proceso de reestructuración económica. Hay que recordar que desde la Decisión 2010/787/UE, que sólo permite la supervivencia de la minería competitiva a partir de 2019, la Comunidad ha pasado de contar con más de 17 explotaciones activas que generaban 2.000 puestos de trabajo directos, a cuatro minas que emplean en la actualidad a menos de 400 personas. A ello hay que sumar los efectos negativos que aún sigue teniendo esta acusada reducción de la actividad extractiva sobre las plantas tradicionales de generación eléctrica de carbón.
Estos indicadores revelan el alto coste social que ha tenido la reestructuración minera en estas localidades, que se enfrentan a complejos desafíos en el proceso de transición. La consejera ha explicado que, ante esta situación, el Gobierno de Castilla y León ha puesto en marcha el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, aprobado por el Parlamento autonómico con una amplia mayoría. La iniciativa trata de incrementar y diversificar la actividad económica en estas zonas, promoviendo la reconversión de un tejido productivo muy especializado en torno al monocultivo del carbón; de impulsar la inversión en I+D y atraer nuevas inversiones, y de facilitar la recualificación del capital humano.
Pilar del Olmo ha hecho hincapié en que este esfuerzo se está realizando mayoritariamente con recursos propios de la Comunidad. Pese a que Castilla y León recibe Fondos Estructurales de la UE, su clasificación como 'Región Más Desarrollada' limita las posibilidades de conceder incentivos a áreas particularmente desfavorecidas, como son los municipios mineros, donde sería más necesario intensificar los estímulos a la inversión privada y la generación de empleo.
Por estos motivos, la titular de Economía y Hacienda de la Junta ha defendido esta tarde ante responsables de las principales instituciones comunitarias que la Unión Europea debe reconocer las características diferenciales de estos 83 municipios carboníferos de Castilla y León y establecer una discriminación positiva en la asignación de fondos a esas zonas.
Se trata de modificar el mapa de concesión de ayudas regionales a la inversión, que determina los importes máximos o intensidades de ayuda que pueden otorgarse a las empresas, y de simplificar sus requisitos. El objetivo es que Europa autorice incentivos a grandes compañías, dando cobertura a una amplia gama de sectores –entre los que se incluyan la energía, la agricultura, la ganadería o la industria–, que puedan ejercer un efecto tractor sobre estas economías locales y promover su revitalización.
La consejera ha reclamado que la problemática de estas zonas se aborde con carácter inmediato y desde un enfoque integral. En el actual marco 2014-2020, Europa debe acometer una reprogramación de fondos e invertir en las áreas mineras donde ha finalizado la explotación del carbón, mientras que para el próximo periodo, que se inicia en 2021, es preciso habilitar recursos dirigidos a las regiones en transición.
Compatibilidad del carbón
Para finalizar, Pilar del Olmo ha insistido en que la apuesta de Castilla y León por la supervivencia del carbón competitivo es coherente y compatible con el desarrollo de las energías renovables. Prueba de ello es que la Comunidad es la más avanzada de España en el despliegue de estas fuentes limpias –con 5.600 megavatios de eólica, 4.500 de hidroeléctrica y 500 de fotovoltaica– y está generando una cuarta parte de toda la electricidad renovable que se produce en el país.
