La Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para la implantación de un impuesto por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, con el que el Ejecutivo prevé recaudar 10 millones de euros.
En concreto, el Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera somete a consulta pública el procedimiento para la modificación de la normativa en materia de tributos propios y cedidos "para incluir un impuesto sobre el depósito de residuos nucleares".
La creación de un impuesto al desmantelamiento de la central nuclear burgalesa surgió el pasado mes de agosto después de conocerse la intención de la empresa propietaria, Nuclenor, participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola, de no continuar con la actividad de las instalaciones alegando su inviabilidad económica.
En el texto incluido en el Portal del Gobierno Abierto, la Junta asegura que el cierre de la central nuclear de Garoña ha supuesto una pérdida de actividad económica y empleo en los municipios de la comarca situada en el entorno de la central y recuerda que para afrontar esta situación, las Cortes de Castilla y León aprobaron en su sesión de 6 de septiembre de 2017 una proposición no de ley en la que instaban a la Junta de Castilla y León a estudiar la implantación de un tributo medio ambiental .
El Ejecutivo regional añade que la central nuclear ha iniciado un proceso de desmantelamiento en el cual se prevé que los elementos combustibles gastados derivados de su actividad se mantengan almacenados en las instalaciones de la central por lo que "resulta oportuno establecer un impuesto basado en el impacto medioambiental del depósito de estos elementos combustibles".
La recaudación por el impuesto que grave el almacenamiento de los elementos combustibles gastados en las instalaciones de la central nuclear servirá para financiar actuaciones de reindustrialización e inversión en los municipios de la zona burgalesa de Miranda de Ebro, donde recientemente se ha conocido que al cierre del que es su principal motor económico, se sumará el desmantelamiento de la fábrica de palas de Gamesa, con 133 empleos.
A la complicada situación económica a la que se enfrentará la comarca burgalesa, se une también un recrudecimiento del enfrentamiento que el anuncio de cierre de la central generó entre la Junta de Castilla y León e Iberdrola después de que la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán haya mostrado su decisión de clausurar la central térmica de Velilla, en Palencia.
La Junta fija de plazo hasta el 9 de febrero para que los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma expongan sus sugerencias y alegaciones.
La Junta ya incluyó una previsión de recaudar 10 millones de euros en los presupuestos para este año aunque no incorporó el impuesto en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras por el rechazo de Ciudadanos, cuyo apoyo era necesario para aprobar las cuentas públicas.
Ahora, el PP deberá obtener apoyos en las Cortes regionales para sacar adelante la medida, algo que no parece muy difícil ya que sólo le hace falta un voto.
Garoña, la central nuclear más antigua de España, se desconectó de la red en diciembre de 2012, aunque ha permanecido en situación de reversibilidad hasta que el pasado mes de agosto el Gobierno denegó la renovación de la licencia para operar ante la negativa de Iberdrola a que siguiese operando. Precisamente, el pasado miércoles, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció un cambio normativo relativo al desmantelamiento de centrales nucleares para que sean sus titulares los que asuman el coste y no el Estado a través de Enresa.
