Santiago Aparicio cumple este año su mandato como presidente de la patronal de Castilla y León, puesto al que va a concurrir. El dirigente empresarial rechaza que haya división en la CEOE sobre la revisión salarial y reclama un acuerdo para poner fin a la competencia fiscal entre las autonomías.
Hace unos días, la CEOE fijó su propuesta de revisión salarial. ¿se han impuesto las tesis más duras? ¿ha habido división?
No ha habido división y yo no creo que haya tesis duras, sino realidades. ¿Por qué tiene que recaer sobre el empresariado todo el peso de las subidas salariales, cuando tenemos todavía un 45 por ciento de compañías en pérdidas? Con esa situación es muy difícil llegar a firmar convenios según las peticiones de los sindicatos. Hay que tener en cuenta otros parámetros a la hora de negociar, como la flexibilidad, la productividad o el absentismo, que en este país es una locura. El Gobierno ha subido el 0,25 a los pensionistas y a los funcionarios un 1 por ciento y aquí nadie ha dicho nada.
¿Qué opina del plan de la ministra de imponer auditorís para reducir la brecha salarial?
Es una ocurrencia que no sabemos cómo se podría aplicar. Ya está el convenio colectivo, que establece el marco laboral. La brecha salarial tiene que desaparecer y lo queremos todos. Pero insisto, para eso están los convenios.
Seguimos sin PGE, ¿qué impacto pueden tener en la economía?
Sería desastroso. Confiamos en que el PP logre los acuerdos necesarios y que se aprueben. Con unos presupuestos prorrogados habría mu- chas inversiones que no se podrían acometer y eso ralentizaría la economía. Nos podría hacer retroceder 3 puntos en el PIB.
Se está negociando el modelo de financiación autonómica ¿Es el momento de poner fin a la competencia fiscal?
Sí, tiene que haber una armonización fiscal porque en este ámbito se está incumpliendo la Constitución. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero en realidad no se cumple y hay autonomías de primera, de segunda y de tercera, porque en unas no hay una serie de impuestos y en otras sí y esto resta capacidad inversora. En Castilla y León en 2016 se deslocalizaron 216 empresas por el tema de impuestos y la inspección fiscal, que es una agobio constante para muchas empresas y al final las grandes terminan yéndose.
En materia de armonización fiscal, habría que llegar a un acuerdo, al igual que el Gobierno tiene que obligar al cumplimiento de la Ley de la Unidad de Mercado. No puede ser que haya diecisiete normas diferentes, porque eso hace que las empresas tengamos que asumir unos costes que en CEOE calculamos en 40.000 millones. Si esta ley se ha aprobado ya, el Gobierno tiene que hacer cumplirla donde no se cumple, que es en comunidades donde hay más nacionalismo. Es una auténtica barbaridad, que nos está restando competitividad.
¿Qué debilidades tiene la economía de Castilla y León?
Tenemos un sector primario muy importante, pero no transforma y el valor añadido se va a otras zonas. Otra es la fiscal, porque como decía tenemos más impuestos que otras comunidades. Y se trabaja poco la atracción de inversión extranjera y creo que con las potencialidades que tiene Castilla y León habría que hacer un esfuerzo para atraer a los empresarios que tenemos fuera, que muchos de ellos estarían encantados de hacer inversiones aquí.
¿Y cuáles son esas potencialidades?
Tenemos una industria muy potente, que en algunas provincias tiene una presencia por encima de la media nacional. Las exportaciones son increíbles y están salvando a las empresas y luego destacaría el ADN de los empresarios de esta comunidad, que demuestran mucho valor asumiendo el riesgo de invertir en su tierra. Por eso hay que cuidarles mucho
¿Qué deberes le pondría al Ejecutivo regional?
Uno es el de la digitalización porque hay que mallar Castilla y León con todas las herramientas tecnológicas para que estén al máximo nivel. Luego, la comunidad ha perdido 140.000 habitantes en los últimos años. Hay que tener un plan de choque, porque si no vamos a tener situaciones complicadas, en provincias como Soria, que tiene un envejecimiento superior al 30 por ciento, empresas que son muy competitivas van a tener que echar el cierre por falta de mano de obra.
Al cierre de Garoña se van a unir las centrales térmicas. ¿Coincide con las críticas de la Junta a las grandes empresas energéticas que han tomado esas decisiones?
Si, la Junta tiene razón. Se puede tener un mix energético variado y en el que se dé entrada a producciones autóctonas como el carbón, que no perjudica sino que beneficia porque muchas veces permite reducir el precio de la energía. Además, el CO2 se compensa muy bien con los bosques que tenemos. Aprovechar el carbón permitiría reducir la factura energética, que es uno de los grandes costes que tenemos los empresarios.
