La Junta de Castilla y León ha presupuestado en un total de 10 millones de euros la recaudación en el año 2018 en aplicación del futuro impuesto por el impacto ambiental de los residuos radiactivos de carácter temporal, una medida que anunció tras conocer que se cerrará la central de Graroña.
Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación este miércoles del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2018 y que contempla esos 10 millones de euros por un concepto que todavía no se ha regulado, según ha reconocido.
Herrera ha aclarado que se trata de una figura impositiva que habrá que crear a través de una ley aprobada en las Cortes de Castilla y León, bien en forma de proyecto de ley o en forma de proposición de ley en 2018, y no vía presupuestos.
Según ha recordado, será necesario dar naturaleza legal a este impuesto por el impacto ambiental de los residuos radiactivos de carácter temporal y cuyo objetivo es financiar un plan de reactivación económica de la comarca burgalesa donde está ubicada la central de Santa María de Garoña, informa Ep.
Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha aclarado que este impuesto se puede devengar incluso a finales del ejercicio económico.
El impuesto debe ser todavía aprobado por las Cortes de Castilla y León, para lo que el PP debe encontrar apoyos suficientes. Ciudadanos, tradicional apoyo del Ejecutivo, se ha mostrado contrario a esta tasa.
