La Junta de Castilla y León ha pedido a Nuclenor -participaba por Iberdrola y Endesa- que espere a que el Gobierno fije las condiciones para la reapertura de Garoña para tomar una decisión sobre su futuro.
Además, explica que su defensa sobre la continuidad de la instalación partía del interés de sus dueños de continuar con la actividad, si contaba con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
En un comunicado, el Gobierno autonómico sostiene que no va a participar en la "ceremonia de la confusión" que a su juicio se ha generado sobre el futuro de la central, respecto a lo que hizo hincapié en los casi 1.000 empleos que dependen de esta instalación en la zona norte de Burgos, que admite cuenta con "difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación".
En ese sentido, la Junta afirma que Nuclenor, que solicitó en mayo de 2014 reabrir la central y operarla hasta 2031, tiene sobre la mesa un "exigente" procedimiento para lograr la reapertura de la planta. Además, recuerda que a finales de 2015, la empresa propietaria decidió interrumpir las inversiones que el CSN había planteado y que debían estar completadas antes de que se pudiera emitir el Informe final.
Sin embargo, el Ejecutivo regional añade que el supervisor cambió de "opinión y por fin, a principios del pasado mes de febrero", pese a que tales obras no se habían realizado, informó favorablemente sobre la reapertura de Garoña, con la condición de que aquellas obras de mejora pendientes se realizaran antes de volver la reapertura. Además, el Gobierno debe pronunciarse sobre la solicitud y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa, para lo que ha abierto un periodo de consultas durante seis meses, en el que la Junta avanzó que aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años.
Por ello, la Junta de Castilla y León demanda que este plazo "sea respetado" y muestra su "sorpresa" por el anuncio de Iberdrola, que antes de conocer las condiciones -inversiones y plazos- de la posible autorización del Gobierno, dijo que no era rentable ni por tanto viable reabrir la central. Además, indica la Junta, pidió a Endesa cerrarla definitivamente, y presentar para ello un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación, que se había formulado hace tres años.
"Es una decisión que, en principio, Endesa no parece compartir, prefiriendo esperar en todo caso a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de seis meses que ha abierto para consultas". Además, sostiene que no está en condiciones de valorar las razones aducidas por Iberdrola para su cambio de criterio, ya que aseguró que la compañía "no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente" a la Junta ni su nueva voluntad de cerrar Garoña, ni las causas por las que ahora considera que no es rentable económicamente.
