Alarma y malestar entre numerosos productores de remolacha y patata de varias provincias de la Comunidad tras la imposición de cuantiosas sanciones por parte de la Confederación del Duero por el aprovechamiento de pozos para la rotación de cultivos que exige la PAC.
Decenas de agricultores de regadío subterráneo de las provincias de Valladolid, Segovia o Ávila han recibido desde el pasado verano importantes sanciones económicas por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, una situación que se ha intensificado a principios de este año y que ha generado la alarma y la incertidumbre en el sector.
Las multas, en algunos casos de hasta 40.000 euros, están provocando que muchos de ellos tengan que renunciar a la siembra de remolacha o patata, ya que la PAC les obliga a la rotación de cultivos en las parcelas, pero se arriesgan a tener que pagar estas multas.
El malestar ha llegado hasta la misma Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, cuya titular, Milagros Marcos, se comprometió a abordar el tema con el presidente de la Confederación. El pasado jueves, el responsable del organismo de Cuenca recibió a representantes de organizaciones agrarias como Asaja y Unión de Campesinos de Castilla y León en busca de posibles soluciones.
La mayor problemática deriva de la existencia de numerosos sondeos anteriores a la Ley de 1985, que obligaba a que cualquier alumbramiento de aguas y su uso debía ser autorizado a través de una concesión de la CHD. Sin embargo, la Ley respetaba el mantenimiento de los pozos autorizados hasta entonces por la autoridad minera y, por tanto, su uso. Durante los últimos años, los agricultores han estado aprovechando estos sondeos, pero ahora la Confederación Hidrográfica está penalizando su uso, ya que no fueron incluidos en el Catálogo de Aguas Privadas y por tanto alega que no tiene constancia de su existencia.
Aunque en muchos casos este tipo de sanciones serían anuladas en los tribunales en caso de recurrirse, los agricultores optan por el pago de la multa para evitar complicaciones y, sobre todo, porque el pago inmediato supone un descuento de un 40 por ciento.
En otros casos, la problemática deriva de sondeos inscritos en la CHD pero que se utilizan para regar parcelas contiguas, bien propias o bien alquiladas, a las que tienen concesión. Esta práctica deriva de la obligación de la PAC de rotar cultivos y de la propias exigencias agronómicas para no agotar las tierras y no conlleva, como la anterior, ningún problema medioambiental, ya que no se utiliza más agua de la autorizada.
En otros casos, las multas se producen por la utilización de más agua de la permitida, situación que sí es ilegal. Fuentes del sector apuntan a que las soluciones pasarían por que la Confederación abriese un nuevo plazo para la inscripción de aquellos sondeos anteriores a 1985, que se permitiese la rotación de cultivos, siempre manteniéndose en los límites de uso de agua concedida y la instalación de contadores sufragados por los agricultores para que la Confederación tuviese un control exhaustivo de los consumos. Lo importante, subrayan, es que no se pierda ni una hectárea de regadío, ya que se trata de infraestructuras que han pagado los agricultores. En este sentido, se apunta que no tendría sentido dejar de utilizar estas instalaciones cuando muchas de ellas son posibles gracias a planes de mejora impulsados y subvencionados con dinero público. "Se ha avanzado mucho en riego eficiente", aseguran en el sector, donde añaden que pese a la imagen de que en la agricultura se malgasta el agua, lo cierto es que no es así.
