El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha solicitado este miércoles a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, más efectivos para la Inspección de Trabajo en Castilla y León.
Herrera y Fátima Báñez han suscrito en Valladolid un convenio de colaboración para la administración única de la Inspección de Trabajo con el reto de "mejorar la calidad del empleo y la seguridad laboral".
Herrera ha recordado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone en Castilla y León de 64 inspectores y otros tantos subinspectores, así como 126 empleados con funciones administrativas, plantilla a la que se incorporarán otros tres efectivos este año. Pese a reconocer que Castilla y León es la segunda autonomía en ratio de estos profesionales por población activa, ha reclamado más efectivos ante la extensión y enorme dispersión de sus núcleos de población, lo que incide, dijo, en la "penosidad e intensidad" de la labor inspectora.
La ministra ha "tomado nota" de la petición aunque ha recordado que en Castilla y León el fraude "tiene menos incidencia" por lo que es precisó que los nuevos medios se distribuyan allí donde son más necesarios.
La ministra ha recordado que el Plan contra el Fraude puesto en marcha en 2012 ha permitido aflorar 420.000 empleos sumergidos, trasformar en indefinidos 252.000 contratos temporales irregulares, y destapar casi 6.000 empresas ficticias. Todo ello ha supuesto uno ahorro al sistema de 17.700 millones de euros.
Herrera también ha destacado que la labor de la Inspección de Trabajo ha permitido desde 2012 trasformar 13.500 contratos temporales irregulares e indefinidos (3.900 en 2016), y afloró 25.300 empleos sumergidos (más de 5.000 el año pasado).
Para 2017, se prevén 42.500 actuaciones, 17.000 de ellas de la Comunidad, 10.000 en materia de prevención, con el reto de contribuir a las seguridad; y 7.000 en relaciones laborales, para acabar con la temporalidad ilegal e impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.
Entre las novedades de este convenio, Herrera ha destacado como novedades, la creación de la autoridad autonómica en esta materia, que desempeñará la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se pone en marcha, dijo, la Comisión Operativa Autonómica, y se definen las reglas de funcionamiento de la acción común. "Esta comisión será un órgano de cooperación y colaboración mutua" y contará con la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
