El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente trabaja ya en la modificación del sistema de autorizaciones en la plantación de viñedos que entró en vigor en 2016.La decisión se produce cuando se ha cumplido un año del funcionamiento del nuevo sistema y se dispone ya de información suficiente para limar algunos de los aspectos que han resultado más conflictivos.
A la hora de poner en marcha el nuevo sistema, el departamento que dirige Isabel García Tejerina demostró la suficiente sensibilidad e inteligencia como para contar con todos los sectores implicados. Se trataba de hacer compatible el necesario crecimiento de uno de nuestros sectores económicos más importantes, como es el del vino, sin devaluar el prestigio que día a día están ganando nuestros caldos en el exterior gracias, sin duda, al esfuerzo de productores y cosecheros. No era tarea fácil encontrar el equilibrio entre el proteccionismo corporativo que predicaban algunos, y el crecimiento desorbitado que reclamaban otros. Fue salomónica la decisión de autorizar el 0,43 por ciento de nuevas plantaciones sobre las más de 900.000 hectáreas existentes, cuando la capacidad normativa europea permitía elevar este porcentaje hasta el 1 por ciento. Pero no vale con evitar un incremento desmesurado, sino hacerlo con criterios de equilibrio territorial y sectorial. Y ahí, el Ministerio ha fallado, aunque bien es cierto que ha tenido suficientes reflejos como para corregir los desajustes.
El cambio que prepara el Mapama para, a partir de 2018, dar prioridad no sólo a los jóvenes agricultores, como hasta ahora, sino también a los viticultores menores de 40 años en el acceso a nuevas plantaciones acabará con una situación no sólo carente de sentido, al impedir el deseable redimensionamiento de las explotaciones existentes, sino también causante de las situaciones de fraude que se han dado en Denominaciones de Origen como Rioja. Será necesaria mucha más depuración administrativa de los expedientes presentados, como anuncia el Ministerio, para evitar que la plausible política de favorecer la incorporación al campo convierta en simples testaferros a los jóvenes agricultores. Y también habrá que reclamar a la UE suficiente flexibilidad para adaptar la normativa a la realidad de cada zona vitivínicola.
