La Junta de Castilla y León protegerá la identidad de los funcionarios que denuncien casos de corrupción en la Administración autonómica y dará prioridad a la investigación del hecho comunicado a través de la apertura de una "información reservada".
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado este jueves el contenido del anteproyecto de ley por la que se regulan estas actuaciones.
Así, las actuacionesLas informaciones recibidas se remitirán a la Inspección General de Servicios que procederá a la apertura de una "Información reservada? que tendrá carácter prioritario. En todo el proceso se omitirán los datos relativos a la identidad del informante y todo aquello que pudiera conducir a su identificación. Este órgano dispondrá de un plazo de dos meses -o seis meses como máximo si la complejidad del caso lo requiere- para investigar los datos.
En el caso que se detectaran indicios de la existencia de un posible delito, se comunicarán los datos al Ministerio Fiscal y se informará al empleado que haya proporcionado la información. Si lo que se detecta es una infracción administrativa, la información reservada finalizará con la emisión de un informe que contendrá la propuesta de apertura de expediente sancionador y se remitirá al órgano competente para su incoación. En estos casos, así como en aquellos en los que tras las actuaciones reservadas no se hayan apreciado indicios de responsabilidad de ningún tipo, el informe que se emita concluyendo la información reservada se enviará al Procurador del Común como Comisionado de Transparencia para su conocimiento y se comunicará al empleado que haya informado.
Además, anualmente la consejería de la que dependa la Inspección General de Servicios presentará un informe ante la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León, en la que se incluirá el número de denuncias recibidas y el órgano al que se le hayan dado traslado.
El anteproyecto de ley que se ha dado a conocer hoy incluye como una de las principales medidas que no podrá realizarse ninguna actuación que pudiera perjudicar a la situación laboral de las personas que haya comunicado esa posible incidencia.
Esta protección será aplicable durante la sustanciación de las actuaciones y en el caso de que las informaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal, las anteriores garantías mantendrán su vigencia hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo. De forma excepcional, se podrá acordar el traslado del empleado cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspección General de Servicios, que así lo justifiquen. El traslado es también una medida prevista para los casos acoso laboral en la Ley de Función Pública de Castilla y León.
Estas mismas garantías se aplicarán también a aquellos empleados públicos que hayan denunciado directamente ante la justicia la posible comisión de un delito.
Por otro lado, el anteproyecto de ley también incide en que será considerada falta grave la presentación de informaciones infundadas cuando se detecte de forma manifiesta su falta de fundamento - sin perjuicio de las consecuencias que establece el ordenamiento jurídico para los supuestos de acusación y denuncia falsas y simulación de delitos tipificados el Código Penal-.
La protección a los empleados públicos constituye una garantía dirigida también a evitar el uso abusivo de la posibilidad de informar a la Administración sobre presuntas actuaciones ilícitas, por lo que mediante este anteproyecto de Ley se trata también de impedir la existencia de informaciones infundadas con propósito de difundir el descrédito de la persona a la que vayan referidas.
El pasado mes de diciembre, las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta a que desarrollara, en el plazo máximo de un año, una normativa legal de alcance autonómico e innovadora en España, que estableciera una protección jurídica a los empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en la Administración de la Comunidad.
Independientemente de la elaboración de esta nueva legislación, actualmente el ordenamiento jurídico establece la obligación de toda autoridad o funcionario público, y de cualquier ciudadano, de poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos presuntamente constitutivos de delito que estén en su conocimiento.
El anteproyecto deberá ser negociado en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, se pondrá a disposición de los ciudadanos en el Portal del Gobierno Abierto para que planteen sugerencias, pasará por el Consejo de Función Pública, y debe someterse a informe del Consejo Consultivo de Castilla y León para finalmente ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitirse a las Cortes de Castilla y León.