El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha recordado, en alusión a la investigación judicial sobre los créditos concedidos por Caja España al que fuera su presidente Santos Llamas, que la supervisión sobre ésta y otras entidades de ahorro correspondían al Banco de España y no al Gobierno de la Comunidad.
No obstante, ha recordado que en 2010 éste último aprobó un decreto ley en el establecía una nueva regulación de las incompatibilidades de sus administradores a la hora de acceder a productos financieros de su propia entidad.
Durante una rueda de prensa en la que ha realizado balance de su labor como consejero durante esta legislatura, Villanueva ha subrayado que el papel de la Junta en el control de las cajas de ahorro, antes de que con su bancarización quedara "aún más reducido", era "de carácter reglado" y ha recordado que "nunca el Banco de España alertó o cuestionó las operaciones de Caja España", a la vez que "no cuenta consta ninguna investigación abierta por la propia entidad".
Asimismo, ha insistido que para la concesión de este tipo de créditos debía contar con el visto bueno del Consejo de Administración de la caja y no superar los porcentajes de concentración de riesgo marcados, lo que quedaba fuera del control del Ejecutivo regional.
Por último, ha concluido que la Junta no pudo "tomar otras medidas" porque "nadie de la entidad comunicó morosidad" en la devolución de esos créditos concedidos y por los que ahora se encuentran imputados varios miembros que pertenecieron al Consejo de Administración de la caja.
Respecto al otro asunto que ha salpicado a su Consejería, el de las imputaciones de varios altos cargos por la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, Villanueva ha mostrado la "absoluta tranquilidad" de la Junta de Castilla y León y su "plena confianza". "Las cosas se han hecho correctamente", bajo su dirección política dijo el dirigente durante la presentación de su balance de mandato en la Cámara de Comercio e Industria de la provincia.
En ese sentido, Villanueva se remitió a las palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre la imputación de una veintena de cargos y exresponables de la Consejería de Economía y Empleo han sido llamados a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid a raíz de la querella de la Fiscalía por un presunto delito de malversación relacionado con la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y para el edificio de Arroyo.
El titular de Economía ha subrayado que si hubiera conocido alguna irregularidad la habría comunicado a la justicia, al tiempo que reiteró la "plena confianza" en las personas citadas a declarar. Villanueva aseguró que el Gobierno desea que se "aclare" lo ocurrido y recordó que ya tienen "experiencia" sobre otras investigaciones judiciales que han llamado a declarar a responsables del Ejecutivo, que posteriormente se han archivado. Por ello, aseguró que la Junta colaborará con la justicia y expresó su respeto en los órganos judiciales.
Asimismo, el titular de Economía pidió dejar trabajar a la justicia para que pueda intervenir con "independencia" y para que las personas imputadas puedan demostrar su "inocencia".
Villanueva ha insistido en que no existe una acusación firme sobre ellos, puesto que el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha recordado que han sido citados ante unas diligencias "previas", "preeliminares", que no han determinado conductas delictivas.
