Los instaladores eléctricos advierten de que las centrales de compras y contratación públicas que se han puesto en marcha en Castilla y León ponen en peligro un millar de empresas y 4.000 empleos. Las empresas del sector, que han reducido su facturación un 70 por ciento desde la crisis, consideran que este sistema administrativo supone una competencia desleal y sólo favorece a unos pocos.
La Federación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Castilla y León (Pecale) asegura que los modelos tradicionales de contratación pública permitían a los profesionales del sector asesorar, suministrar, instalar y garantizar el mejor material para un suministro a la administración y ahora, con las centrales de compra, por el que ayuntamientos y diputaciones compran directamente el material, se relega a los profesionales a su simple instalación, con lo cual no pueden garantizarlo.
Para Pecale, la centralización de las compras "permite que nuestros políticos tomen el control sobre grandes suministros de material y servicios, siendo todo ello mucho más susceptible de que se prorrogue la corrupción".
La inmediata consecuencia de la puesta marcha de las centrales de compras es la competencia directa hacia las pequeñas empresas, lo que supone la desaparición de cientos de ellas y las que queden "sólo aportarán mano de obra barata".
Diversas organizaciones empresariales afectadas ya han tratado de reunirse con la Federación Regional de Municipios y Provincias, sin obtener respuesta alguna.
Este colectivo asegura que está a favor de ahorrar, siempre y cuando no se destruya el empleo local. "Los ayuntamientos pueden gastar menos, pero no deben gastar peor".
Subrayan además que la centralización de los suministros de servicios en grandes empresas da pie a subcontrataciones "en condiciones muy precarias".
"El sector empresarial somos la verdadera estructura económica y dinámica de la región y no podemos ser apartados ni menospreciados", concluye Pecale.
