El titular del juzgado número uno de Valladolid, José María Crespo, ha ampliado la imputación en el denominado caso PGOU, en el que se investigacn modificaciones en el Plan General de Urbanismo, contra cinco personas más. En concreto se trata de Pilar López Mazariegos, Gonzálo Jolín Garijo, Francisco Capellán Barbado, Lino Collazos del Castillo y Ramón Herrero Merino.
Según el auto, Pilar López Mazariegos, administradora de la sociedad Japybe, dueña de la fábrica de harinas La Perla, autorizó en 2003, "en el entorno temporal en que se produce la alteración del PGOU?, la venta de la fabrica a Sacedón Patrimonial, cuyo administrador era Francisco Capellán, para uso hotelero (hotel Marqués de la Ensenada).
A Gonzalo Jolín Garijo y a Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, se les imputa por esta relacionados con operaciones urbanísticas en la avenida de Madrid, mientras que Lino Collazos del Castillo, se le imputa como secretario de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, titular de unos terrenos en la calle José María Lacort, donde también se llevaron a cabo actuaciones urbanísticas, entre ellas un aparcamiento subterráneo por Parkisa.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dejó hace unas semanas fuera de este procedimiento penal al alcalde y al concejal Manuel Sánchez pese al criterio en contra de la Fiscalía y la acusación popular.
Mantuvo la imputación contra el ex edil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el ex director del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita Gervás; el arqutecto Luis Álvarez Aller y José Luis Cerezo, ex jefe de este servicio. Entre los acusados también se encuentran los hermanos José Luis y Eduardo González Torres, como representantes de Vallenava Capitol, Vallenava Inversiones, Progot Valladolid, Capitol Promociones XXI; así como contra José Luis Mayordomo, representante legal de Vallenava Capitol y Vallenava Inversiones, y contra Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa.
