Han bastado cuatro años de gestión de la familia Pucci para firmar el acta de defunción de Antibióticos, una compañía emblemática de la provincia de León. El juez ha aceptado el informe de los administradores concursales, que solicitaban la liquidación de la compañía.
Antibióticos cuenta en la actualidad con una plantilla cercana a los 300 trabajadores y acumula una deuda que ronda los 50 millones de euros. La compañía presentó en mayo del pasado año el concurso voluntario de acreedores y desde entonces se han sucedido expedientes reguladores; el más reciente, un ERE de suspensión, al que se dio el visto bueno a principios de este mismo año y con el que se evitaba el de extinción propuesto por los administradores concursales, que estaba previsto para 180 trabajadores.
Con su resolución, el titular del juzgado de Primera Instancia y Mercantil número 8 no da credibilidad al plan de viabilidad presentado por el empresario italiano, en el que aludía a un inversor capaz de aportar hasta 19 millones que finalmente no ha aparecido.
El juez sostiene que la actual situación de la farmacéutica la hace "totalmente inviable en manos de su actual titular". Según el magistrado, la liquidación no sólo es conveniente, "sino urgente" tanto por la absoluta paralización de la empresa como por la falta de recursos para reanudarla y mantener las instalaciones.
En ese sentido, alude a un informe elaborado por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, que revela el estado de abandono y recomienda la entrega de los productos químicos, tóxicos y peligrosos, así como los residuos almacenados a empresas autorizadas. El magistrado pretende con su decisión evitar tanto la exponencial reducción de las expectativas de cobro de los acreedores ligada a la ingente generación de créditos contra la masa, como el progresivo deterioro de las instalaciones por la falta de atención de sus costes de mantenimiento, y trata de agotar las posibilidades de preservación de la empresa mediante la entrada de un inversor que de manera preferente asuma en la mayor medida posible el mantenimiento de los puestos de trabajo, y en caso de no verificarse, se frene el incremento de la generación de pasivos en perjuicio de los acreedores y en particular de los trabajadores, recluidos en un marco laboral que ningún ingreso les reporta.
El sindicato USO, el único que desde un primer momento ha cuestionado las promesas de la familia Pucci, que se hizo con la compañía en octubre de 2009, ha acogido la decisión judicial con "tristeza" pero a la vez con la esperanza de que alguien compre la planta y permita que "resurja de sus cenizas".
En este sentido, el empresario leonés Gerardo Gutiérrez, propietario dela farmacétucia Gadea, mostró su interés por hacerse con la compañía pero la familia Pucci impidió un acuerdo.
¿Donde están las ayudas?
En septiembre de 2011, en plena campaña electoral de las municipales, el entonces director general de Industria Jesus Candil y el candidato socialista a la alcaldía, Francisco Fernández, comparecían junto con la familia Pucci para anunciar la concesión de una ayuda del Plan Reindus a Antibióticos de 4,7 millones de euros. Sin embargo, ni las inversiones ni los empleos prometidos llegaron a materializarse. USO pide ahora que se investigue el destino de esos fondos.
Antibióticos fue una empresa emblemática de la provincia leonesa y la palanca que permitió a Mario Conde convertirse en el presidente de Banesto. El ex banquero se hizo con un 23% de las acciones y pasó a ser consejero delegado. Puso en marcha después la operación de venta que culminó en 1987, con el traspaso de la compañía a la italiana Montedison por 58.000 millones de pesetas. Con las ganancias, Conde entró en Banesto, que después protagonizó la primera nacionalización de un banco español.
