L a frase "Ha llegado la hora del sacrificio de los políticos", pronunciada por Soraya Sáenz de Santamaría durante la presentación de su reforma de las administraciones, no parece haber calado en Castilla y León. Durante el último Debate sobre el Estado de la Región, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, fue lo suficientemente ambiguo como para que sospechemos que evitará en la medida de lo posible la "recomendación" de la vicepresidenta del Gobierno de suprimir óganos duplicados como tribunales de cuentas, consejos económicos y sociales o defensores del Pueblo.
Aunque Castilla y León ha sido cautelosa en la creación de lo que llamamos "instituciones propias" e incluso se ha anticipado a la hora de reducir estos órganos para aminorar gastos, su mantenimiento sería dificilmente entendible para una ciudadanía que sufre el azote del desempleo y que cada mañana tiene que enfrentarse a un amplio escenario de recortes de servicios esenciales.
Es público que estos órganos se han convertido desde su creación en auténticos cementerios de elefantes donde los partidos políticos colocaban a quien se quedaba sin cargo. Y si no echemos manos de las cifras. De los tres integrantes del Consejo de Cuentas, dos de ellos, Jesús Encabo y Emilio Melero, son de procedencia estrictamente política. El coste de este órgano es 5,6 millones de euros anuales.
En el Consejo Consultivo, tres cuartos de lo mismo. Tres de sus cinco miembros, Mario Amilivia, Ángel Velasco y José Constantino Nalda, tuvieron en su procedencia política su mejor baza para seguir viviendo del erario público, que tiene que destinar 2,5 millones de euros al año para mantenerlo.
En tiempos en los que hay que marcar muy claras las prioridades será difícil de explicar a los electores que se antepone el "interés corporativo" de la clase política frente a las prestaciones sanitarias, educativas o sociales que tienen que recibir los ciudadanos. Resistirnos a lo que dicta el sentido común no sólamente es injusto sino que puede pasar una alta factura en las urnas.
RAFAEL DANIEL
Delegado de elEconomista en Castilla y León
