El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a la ampliación por un año del plazo para pedir la prórroga de su vida útil, que concluye el próximo 6 de julio.
El CSN ha emitido, según indicaron a Servimedia fuentes del mismo, una "decisión favorable" a la petición que le trasladó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la solicitud de Nuclenor, la propietaria de Garoña. En ella, se solicita un nuevo plazo de un año para poder pedir la prórroga de la actividad en la planta más allá del 6 de julio, que es cuando finaliza el permiso vigente.
El CSN condiciona la autorización a que Garoña mantenga durante ese tiempo "en cualquier caso" la situación de "parada segura y sin combustible en el reactor". Además, para reforzar la seguridad de la planta atómica, el regulador ha impuesto la condición de que Nuclenor no pueda introducir combustible en el reactor sin la autorización previa del CSN, en el caso de que se modificara la orden ministerial.
La decisión del CSN ha contado con los votos en contra de las dos consejeras nombradas por el PSOE. Una de ellas, Cristina Narbona, ha denunciado "fuertes presiones" del Gobierno para que se emitiese la decisión en apenas unos días.
Nuclenor, empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, sostiene que está a la espera de un informe de la Dirección General de Tributos sobre la retroactividad de los impuestos del sector energético.
Cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivo de la actividad de Garoña en diciembre de 2012, ya indicó que éste quedaba supeditado a dicho informe porque entiende que determinará si es viable o no la continuidad de la planta, tras la entrada en vigor de los nuevos impuestos del sector energético. En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.
Fuentes empresariales consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una "situación irreversible" si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un "paso adelante para intentar salvar Garoña ", sostienen de la empresa propietaria.
El lobby nuclear ha torcido el brazo al Gobierno
