El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha suspendido de sus funciones al concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, por el gasto de 207.000 euros con un teléfono del ayuntamiento.
El anuncio se produce después de que Diario de Burgos destapase que entre las facturas telefónicas del área de Nuevas Tecnologías, que dirige el concejal Eduardo Villanueva, se encontraba una cuenta con ese montante.
Villanueva, pese a que lo había negado inicialmente, disponía de un duplicado de la tarjeta telefónica a la que se abonaron 207.000 euros y desde la que se descargaron 221 GB. Villanueva ha eludido pronunciarse al respecto, aunque ha mencionado en su cuenta personal que se trata de una "caza de brujas" y que el gasto pudo ser de algún trabajador.
El caso ha provocado que los trabajadores del Consistorio burgalés interrumpiesen durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local al grito de " dimisión" y "Eduardito, devuelve el dinerito". Los empleados mostraron así su indignación después de conocer los detalles de lo que ya es objeto de una investigación.
El escrito remitido a la Secretaría General intentará dilucidar si fue Villanueva quien gastó ese dinero y clarificar los hechos. Para ello, Lacalle espera contar con el apoyo de las secciones implicadas (Ingeniería Industrial, Intervención y Tesoriería) y tener un resultado en el menor tiempo posible.
La factura en cuestión se corresponde con los últimos meses de la pasada legislatura, en concreto del periodo comprendido entre los meses de abril y mayo, y en un primer momento fue justificada como un "error" de la compañía telefónica
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Escribano, presentará durante la celebración del Pleno una moción de urgencia para que se cree una comisión especial de investigación.
El uso de la tarjeta estaba asistido por una tarifa plana pero siempre y cuando el consumo se produjera desde alguno de los terminales a los que estaba vinculada. Al ser utilizada en otro terminal diferente, al parecer un ordenador portátil, la tarifa plana ya no era válida, motivo por el que el consumo de 221 gigas se tarificó.
La factura de 207.000 euros no fue abonada por el Ayuntamiento, que sin embargo sí tuvo que asumir el pago de 128.000 euros.
