
Los recortes del Gobierno van a acelerar el largo proceso para hacer viables las explotaciones mineras españolas. O provocar su muerte definitiva. Los aplazamientos que ha hecho la Unión Europea para mantener las ayudas al sector, cuya última fecha de caducidad se ha fijado en 2018, de nada puede servir ante la crudeza de la crisis económica.
Las cuencas mineras de Castilla y León viven durante estos días una movilización general ante el recorte del 63 por ciento en las subvenciones que reciben las empresas mineras. Sin duda es mucho, pero hay que decir que el Estado tiene previsto destinar este año 193 millones de euros para mantener una actividad que dista mucho de ser rentable.
Durante la vigencia del Plan del Carbón 2006-2012, las empresas mineras han recibido la friolera de 5.492 millones de euros, pero la inyección del dinero no ha servido para lograr un sector competitivo. Se ha conseguido la supervivencia de numerosas zonas españolas que, por el momento, carecen de otra alternativa. ¿Y por qué no se ha conseguido después de destinar decenas de millones -463 a mayores de los citados 193 sólo este año- para la reactivación de estas comarcas?
El debate de fondo de toda esta polémica que vivimos entre botes de humo y cortes de carretera no sólo sigue pendiente sino que es más necesario que nunca. La verdadera cuestión es determinar si es viable mantener una actividad a golpe de talonario. Cuando éramos "ricos" podía ser posible, ahora desde luego que no, salvo que alguien diga a qué sectores se le aplica más recortes de los que ya tienen que soportar.
De nuevo nos ha pillado el toro. Cuando había oportunidad de buscar alternativas nos hemos dedicado a construir museos y carreteras y ahora pedimos una nueva prórroga. ¿Será la definitiva?
Sin un plan realista de ajustes en el que se concrete cuál es el final del camino sería una pérdida de tiempo y de dinero. Además de una grave irresponsabilidad a la hora de garantizar el empleo futuro de aquellos a los que ahora se quiere defender.
RAFAEL DANIEL
Delegado de El Economista en Castilla y León