La fusión entre Caja España-Duero y Unicaja se encuentra en la cuerda floja. El presidente de la andaluza, Braulio Medel, pone nuevas exigencias para asumir el agujero que el "ladrillo" ha generado en la castellana.
Nuevo parón en la fusión de Caja España-Duero y Unicaja. Los nuevos requerimientos de solvencia aprobados por el Gobierno, que afectan especialmente a la entidad castellano y leonesa es el último tropezón que sufre una integración paralizada desde el pasado mes de septiembre y por la que Braulio Medel nunca ha mostrado especial entusiasmo. Esta vez, sin embargo, no se oculta la preocupación por una marcha atrás que dejaría a la entidad presidida por Evaristo del Canto abocada a una intervención.
Los nuevos criterios de solvencia suponen para Unicaja unos 691 millones, capaz de asumirlos sin mayores problemas, aunque la entidad andaluza no está dispuesto a sumir los 1.140 millones que precisa España-Duero sin modificar las condiciones pactadas en un primer momento.
Así, según algunas fuentes citadas por Efe, Medel exigiría a cambio de continuar con la operación sino es a cambio de recibir ayudas del Fondo de Reestructuración Bancaria, por lo que estaría negociando con el Banco de España.
En fuentes de Caja España-Duero, que no descartan que la fusión se vaya al traste, consideran que los nuevos requerimiento obligarán a una renegociación de las cuotas de participación en la entidad resultante, que son de un 70 por ciento para la andaluza.
En esas fuentes, de cualquier manera, no descartan que Medel esté aprovechando la difícil situación de Caja España-Duero para meter presión y asegurarse su continuidad en la Caja ante el más que probable cambio de gobierno en Andalucía. Castilla y León, siempre favorable a la alianza con Unicaja, está gobernada por el PP.
El hermetismo de los negociadores no sólo está provocando malestar entre los consejeros de España-Duero sino que está elevando la incertidumbre a máximos. Ayer, el secretario regional de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, aseguró que está buscando el apoyo de otros consejeros de la Caja para forzar una reunión del Consejo de Admnistración en la que Evaristo del Canto, informe sobre el alcance de la situación. El calendario mete también presión, ya que el 30 de marzo es la fecha tope para que las entidades concreten sus planes de saneamiento.
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