Las administraciones públicas tiene facturas pendientes de pago con 78.000 autónomos, un 37,91 por ciento de los registrados en Castilla y León. La cuantía media es de 60.000 euros.
Según los datos facilitados por el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pese a que con la reforma de Ley de Morosidad se redujo a 50 días el plazo que en 2011 tenían las Administraciones para pagar a sus proveedores, 40 a partir del 1 de enero de 2012, la media de demora fue en realidad de 162 días.
Por provincias, los autónomos de León y Burgos son los que más sufren la morosidad de las administraciones. En el primer caso no cobran a tiempo más de 22.300 autónomos, un 56 por ciento del total, porcentaje que se eleva al 60 por ciento en el segundo caso, donde 17.000 trabajadores están pendientes de cobrar.
Con estas cifras en la mano, el presidente de la FEACYL, Javier Cepedano, quiere reiterar la importancia de cumplir con los plazos de pago, pues precisamente estos retrasos en los cobros están llevando a buena parte de los empresarios autónomos de la Comunidad a cerrar sus negocios. Cepedano quiere recordar que desde que comenzó las crisis en Castilla y León han desaparecido más de 20.000 empresarios autónomos.
Cepedano considera acertado el nuevo mecanismo de cobro que el Gobierno aprobará previsiblemente este viernes, trazado a partir de un acuerdo con las entidades financieras, para que sean éstas, las que en calidad de colaboradoras sean las encargadas de liquidar las deudas comerciales que tienen pendientes todas las administraciones con los proveedores, así como espera que su puesta en funcionamiento sea inmediata.
